Convocan a marcha

Miembros de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, y el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (CONATO) marcharán hoy desde la Iglesia del Carmen hasta la Defensoría del Pueblo, para exigir que se respeten los derechos humanos y cese la presunta persecución en contra de la sociedad civil.

Esto, luego de que la Fiscalía citara a Magalys Castillo de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, para responder por el caso Valentín Palacios, indígena que supuestamente había desaparecido.

Palacios apareció el pasado domingo en manos del Gobierno, luego de que éste había sido reportado como desaparecido, en los disturbios de Bocas del Toro, que dejaron dos muertos y un centenar de heridos.

Roberto Bruneau, miembro del foro de la Asamblea Ciudadana, señaló que pedirán a la Defensoría del Pueblo que se pronuncie en contra de los sucesos acaecidos en Bocas, generados por la aprobación de la Ley 30.

EXIGEN LA DEROGACIÓN DE LA LEY

‘Exigimos la derogación de la Ley 30 la Ley 14 y el decreto que faculta al Gobierno para intervenir en los asuntos de las comarcas indígenas’, indicó.

El catedrático Juan Jované dijo que la marcha obedece a la presencia de un gobierno autoritario que insiste en violar los derechos humanos y civiles de la sociedad.

Rafael Chavarría, dirigente de Conato, dijo que le entregarán una solicitud a la Defensoría, para que, como representante de los derechos humanos, se pronuncie en contra de las arbitrariedades del Ejecutivo.

DIÁLOGO SE ENCIENDE

Ayer en la mesa de diálogo, en donde se discute la Ley 30, los ánimos se caldearon, luego de que Andrés Becker, representante de Bocas del Toro y sus miembros se levantaran de la mesa, ante la negativa del sector empresarial a que más grupos se sumen a discutir la citada ley.

Durante quince minutos los trabajadores se retiraron de la mesa y el viceministro de Mitradel, Luis Ernesto Carles, tuvo que intervenir para que retomarán la conversación.

CD BUSCA SOPLÓN

Niurka Palacios, dirigente de Cambio Democrático, señaló que se le entregará una recompensa de $5 mil a quien dé información de los responsables de la desaparición de Palacios.