Contraloría bajo investigación penal

Las recientes actuaciones de funcionarios de la Contraloría General de la República han desatado una ola de críticas que terminó escalando hasta una investigación penal abierta por la Procuraduría General de la Nación.

La Procuraduría General de la Nación anunció el inicio de una investigación penal por hechos ocurridos en la sede de la Fiscalía Superior Anticorrupción, en medio de un caso que involucra al exvicepresidente José Gabriel Carrizo.

De acuerdo con un comunicado del Ministerio Público (MP), funcionarios de la Contraloría habrían intervenido durante una diligencia en curso, interfiriendo en un proceso investigativo en el que participaban auditores de esa entidad, lo que impidió la culminación de la entrevista. Los auditores rendían declaración como parte de una investigación por el presunto delito de enriquecimiento injustificado relacionado con el exvicepresidente.

El hecho provocó reacciones inmediatas. La Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos expresó su rechazo a las acciones y manifestó su preocupación ante cualquier intromisión indebida en los actos propios del ejercicio legítimo de las funciones de los fiscales, señalando que estas situaciones atentan contra los pilares fundamentales de las fiscalías de la región; además, reiteró su total respaldo al Ministerio Público y se mantiene en alerta frente al desarrollo de los acontecimientos.

Asimismo, la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana advirtió sobre la gravedad de la supuesta intervención y respaldó las acciones del procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez Rudy.

Para la organización, este tipo de acciones socavan la institucionalidad democrática, debilitan la lucha contra la corrupción y podrían constituir obstrucción a la justicia o incumplimiento de deberes.

A estas críticas se sumó el Colegio Nacional de Abogados (CNA), que rechazó las actuaciones atribuidas a funcionarios de la Contraloría, al considerar que podrían configurar una posible interferencia en diligencias adelantadas por el Ministerio Público en casos de corrupción.

El gremio calificó los hechos como una “grave extralimitación de funciones” y advirtió que la presencia de funcionarios no citados en investigaciones penales carece de sustento jurídico. Además, señaló que esta situación podría comprometer la validez de las pruebas, así como afectar el debido proceso y la integridad de las investigaciones en curso.

Por su parte, la defensa del exvicepresidente Carrizo también se pronunció ayer, al exigir el respeto al debido proceso y al Estado de derecho tras conocerse la presunta irrupción del contralor general de la República, Anel Flores, en una fiscalía anticorrupción el pasado 9 de abril.

Además, aclararon que Carrizo mantiene disposición de enfrentar a la justicia con el objetivo de demostrar su inocencia. Por ello, instaron a las autoridades competentes a garantizar el cumplimiento de la ley.

En respuesta, la Contraloría negó haber irrumpido en el MP. “En ningún momento funcionarios de la Contraloría, ni el contralor, han irrumpido en diligencias del Ministerio Público ni interferido en investigaciones en curso”, señaló la entidad, al agregar que ha actuado con absoluto respeto a las competencias de la Fiscalía Anticorrupción, lo que, según indicó, se refleja en las 365 auditorías realizadas y en las denuncias debidamente sustentadas remitidas a las autoridades correspondientes.