Colombianos en vaina tras modificación de ley de retorsión

Como una acción para dilatar el cumplimiento del fallo de la Organización Mundial del Comercio (OMC) es considerado por el ministro de Comercio e Industrias, Augusto Arosemena, la decisión de Colombia de llevar a un arbitraje el conflicto por el cobro del arancel a los textiles y calzados que salen de la Zona Libre de Colón (ZLC) que están aplicando.

Para Arosemena la decisión del gobierno colombiano es una excusa para dilatar más el proceso y no cumplir con un fallo que favorece a Panamá.

Aseguró que para Colombia era más “sencillo desmantelar la medida  eliminando el decreto”.

El decreto establecido por el gobierno colombiano establece que los textiles y calzados que salen de la ZLC deben pagar un impuesto de arancel mixto. Esta medida fue extendida hasta noviembre próximo.

Este fallo de la OMC (el tercero a favor de Panamá) desestima los argumentos de Colombia de que el cobro del arancel a los textiles y el calzado tiene la finalidad de combatir el lavado de dinero y el contrabando.

Según Arosemena, el Gobierno nacional rechaza esta excusa para continuar cobrando el arancel y se mantiene firme en su decisión de aplicar medidas de retorsión a  los países que apliquen medidas discriminatorias  o impliquen una lesión a los intereses económicos o comerciales contra  Panamá través de una ley que próximamente presentará el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)  en la Asamblea Nacional (AN).

Dijo que la ampliación de las  medidas de retorsión, tras la modificación de la Ley  58 de 2002, implica  restricciones  migratorias, laborales, suspensión a personas naturales o jurídicas originarias del Estado sancionado, suspensión del movimiento de transporte terrestre, aéreo y marítimo de carga y de pasajeros entre otras acciones.