'Calificadoras de riesgo observan con atención el déficit del IVM', Jorge Almengor

El déficit del programa de pensiones de la Caja de Seguro Social fue un tema importante en el último informe de Fitch Ratings. Un llamado de atención a la necesidad, impostergable, de reestructurar la seguridad social para evitar la presión fiscal sobre el gobierno central que debe atender el faltante para garantizar las pensiones de jubilados y pensionados. Algo que puede poner en entredicho la calificación de grado de inversión de Panamá.

Fitch hace un llamado de atención sobre el déficit del sistema de pensiones de la Caja de Seguro Social (CSS), ¿cuál es el escenario al que se va a enfrentar el próximo gobierno?

Sin lugar a duda el tema de la CSS y sobre todo las pensiones del programa de Invalidez, Vejez y Muerte es una de las principales de las finanzas públicas en Panamá. Lo ha sido desde los últimos 18 años desde que se modificó la ley 51 del 2005 que modificó el tema estructural de la CSS y del fondo de pensiones público, porque en el tiempo no se le dieron los ajustes importantes a este mecanismo para garantizar las pensiones a los jubilados y pensionados de este país. El déficit ha venido incrementando. El presidente fue enfático en que las alternativas para resolver el tema debían producirse orgánicamente de una mesa del dialogo que estaba establecida por la CSS y sus asociados. Es un tema que presenta un diagnóstico, que lo analizó la Organización Internacional del Trabajo que también recibió insumos y estableció los diferentes escenarios y que también la decisión de destinar un porcentaje importante de los ingresos que provendrían de la mina daría al menos una certeza a la estabilidad del fondo durante los próximos cinco años, lo cual permitiría que cualquier administración entrante podría entrar a debatir los temas estructurales del propio fondo.

El informe de Fitch Ratings menciona ‘maniobras contables', ¿qué tiene que decir al respecto?

El tema de maniobras contables y la forma en que se está debatiendo creo que debemos segmentarlo en dos sectores importantes. En primera instancia todos los gobiernos a nivel global, al igual que cualquier empresa privada, deben tener la capacidad de utilizar todas las herramientas financieras con las que cuenten a disposición para poder mantener una administración sostenible de sus finanzas. En el caso del MEF y particularmente en nuestro gobierno, en el año 2022 se vio un salto importante en la reducción del déficit fiscal de no más 7.5% en el año 2021, para poder cerrar en menos del 4% en el año 2022. Eso conllevó que tuviéramos que disponer de diferentes mecanismos incluyendo una operación financiera muy puntual que representó no más de $350 millones en donde se hizo una reestructuración del pago de intereses como una administración de pasivos para poder diferirlos en años subsiguientes. Adicional a eso, se estableció una política de fortalecimiento de los ingresos corrientes, y entre ambos mecanismos pudimos lograr respetar la Ley de Responsabilidad Fiscal. Ahora, este año 2023, a pesar de que no tenemos un salto tan pronunciado en la reducción del déficit, igual tenemos que reducir el déficit del 4% (2022) a menos de un 3% en este año.

¿La Asamblea realmente requiere el presupuesto que pide? ¿Por qué aumentar el monto de la descentralización en época electoral?

En el caso del presupuesto de 2024 todavía debemos recibir las recomendaciones de la Comisión de presupuesto de la Asamblea Nacional al Ejecutivo. Deben ser ponderadas, tenemos que determinar qué es viable y qué no dentro del marco de la ley de responsabilidad fiscal.

¿Pero el Ejecutivo puede decidirlo?

El Ejecutivo debate sobre las necesidades de recursos para poder lograr los objetivos de las entidades públicas. En el caso de la descentralización es clave entender que los recursos que se asignan a través de la Dirección de Descentralización deben ser ejecutados por las autoridades locales en respuesta a las necesidades.

¿Mantendrán el subsidio de la gasolina y del vale digital, por ejemplo?

Creo que es importante aclarar que hay programas sociales establecidos a través del Ministerio de Desarrollo Social que tienen un análisis y una perspectiva de rendimiento en cuanto a la efectividad de sus programas. Te puedo decir que la Red de Oportunidades ha mostrado ser una herramienta importante para impactar de manera positiva a esa población vulnerable y que le da un nivel de oportunidades importante a las mujeres para poder sostener su familia. Sin embargo, hay otros programas extraordinarios producto de la pandemia y algunos de ellos se han desfasado. En el caso de energía eléctrica no se continuó en cuanto al Covid extraordinario. En el caso del Plan Panamá Solidario ha sido un aliciente importante porque, aunque muchos sentimos que hemos salido de las realidades económicas y financieras de la pandemia, todavía hay un gran sector que pudiera sentirse afectado de forma financiera y social.

Dijeron que achicarían la planilla ¿por qué no lo hicieron?

Hay que ver tanto el gasto corriente como el gasto de capital que es la inversión en función de algo macro que es proporcionalmente como lo es en función de la productividad global, el PIB y en función del presupuesto general del Estado. Lo que sí es cierto es que las decisiones de administraciones anteriores, por ejemplo, en el caso de leyes especiales que otorgaban aumentos especiales progresivos, se han cumplido a lo largo de esta administración y se seguirán cumpliendo. Nosotros esperamos que otras administraciones vayan cumpliendo también los acuerdos que ellos mismos establecieron porque en promedio, te puedo dar un ejemplo, en estos cinco años hemos invertido no menos de $250 millones anuales solamente en esas leyes especiales que van orientadas al sector educativo, de salud y seguridad.

El gobierno de Cortizo se la pasó reclamando la deuda a proveedores que heredó de la administración anterior ¿ustedes harán lo mismo?

Se le hizo frente y también tuvimos una caída de los ingresos producto de la pandemia de $4,400 millones, si sumas todo eso te das cuenta por qué hemos estado rezagados. Pero el mensaje es que nosotros no solo para el cierre de este año, o la apertura del próximo, sino para la entrega de la administración estimamos que el presidente debe dejar una deuda comercial con contratistas y proveedores que sea la representativa de vigencias expiradas del año 2023, así como la corriente del 2024.