Abogados se pronuncian en contra de las manifestaciones 

Colegio Nacional de Abogados envió un comunicado en contra de los últimos hechos ocurridos en el país.

De acuerdo con los juristas el documento que contempla el contrato minero una vez aprobado por la Asamblea de Diputados y sancionado por el Presidente de la República se convierte en la Ley 406 de 20 de octubre de 2023, el cual puede ser sujeto de demandas de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia, del cual ya tenemos conocimiento que han sido interpuestas distintas demandas, por lo que en base al Principio de Legalidad y estricto derecho y respeto a la separación de poderes, le corresponde a la Corte Suprema de Justicia pronunciarse sobre la inconstitucionalidad o no del contrato ley antes citado.

"La República de Panamá, como Estado de Derecho, debe garantizar el cumplimiento de los principios democráticos de libertad de expresión y participación ciudadana como mecanismos que, en el marco del respeto mutuo y convergencia de ideas, deben ser fundamentales para la convivencia pacífica de todos los ciudadanos de nuestro país. Este debate no puede ser sujeto de argumentos ajenos al derecho, alejados de la realidad fáctica o sujeto a los vaivenes de intereses particulares que pretendan supeditar el bienestar de la colectividad", señalaron.

A su vez solicitaron que el Estado garantice el cumplimiento de todas las garantías, que establece el documento.

"La ciudadanía panameña expresa su descontento en las calles, lo cual es un Derecho Constitucional, el cual debe darse dentro del ámbito del respeto a la vida, integridad personal, propiedad pública y privada, por lo que condenamos los actos de vandálicos y métodos violentos utilizados por personas con fines distintos a los

manifestantes. Igualmente, solicitamos a las autoridades nacionales, se abstengan de hacer uso excesivo de la fuerza, y salvaguardar los bienes jurídicos protegidos antes descritos", recalcaron.

Por otra parte, el Colegio Nacional de Abogados, en su rol de ente colaborador para el mejoramiento de la administración de justicia, que debe velar por la preservación del Estado de Derecho, solicita muy respetuosamente a la Corte Suprema de Justicia determine con celeridad la constitucionalidad o no, del contrato recientemente elevado a Ley de la República, por lo que instamos a que se pronuncien de una forma ágil, rápida, efectiva y oportuna, con la finalidad de garantizar la seguridad jurídica y la paz social en nuestro país.