Con la repetición que sus promotores, los magistrados del Tribunal Electoral, insisten en que sea un ritual inexorable, que debe iniciarse cuando apenas se termina el proceso electoral, ya trascienden las primeras informaciones sobre las propuestas supuestas a mejorar el sistema electoral vigente que, objetivamente, no vaticinan mejores consecuencias.
En un escrito anterior, recomendaba que, tomando en cuenta que sus anteriores ediciones de muy poco han servido para que en Panamá tengamos elecciones que, en lugar de frustraciones acumuladas, efectivamente contribuyan a consolidar una auténtica democracia representativa, y participativa, se aparcaran las prisas contraproducentes y que en esta ocasión se procure servir mejor a ese propósito.
Como primera medida y por cuanto estamos a cuatro (4) años de las próximas elecciones el proceso de la revisión de las normas electorales debe posponerse, como mínimo, por un año. A la conveniencia de esa posposición también abona el hecho de que Panamá, en los actuales momentos enfrenta la necesidad de acometer y encontrar cauces para atender asuntos de mayor urgencia, en los que deben concentrar su atención los formadores y orientadores de la opinión pública, comenzando por los partidos políticos.
Los coletazos de la reciente y todavía no aceptada y menos asimilada reforma de la seguridad social, los inminentes debates sobre los puertos, el ferrocarril, la reanudación o no de la explotación minera o los sobresaltos en las relaciones con la potencia del norte son los asuntos en los que se debiera centrar la atención pública. Frente a esos retos, una eventual reforma de las reglas electorales, por no tener la misma urgencia bien puede esperar.
En el presente panorama de incertidumbres convendría más que todos los actores, políticos, económicos y sociales, se concentraran en los temas que ahora amenazan la paz social. Mientras tanto, el Tribunal Electoral y los concurrentes a la mesa de la Comisión de Reformas Electorales pueden aprovechar la ausencia de prisas para convenirlas y, tal vez, lo que sería de mayor provecho, invertir esfuerzos en estructurar sus posiciones y, por ahora discutirlas a lo interno de sus colectivos para, eventualmente divulgarlas y sustentarlas públicamente, como paso previo a la reapertura del debate en el seno de la Comisión, cuando sea más oportuno.
En el presente panorama de incertidumbres convendría más que todos los actores, políticos, económicos y sociales, se concentraran en los temas que ahora amenazan la paz social.
