- martes 31 de enero de 2017 - 12:00 AM
Sobre el polémico proyecto de Ley 245
Tantas opiniones expertas se han vertido sobre este asunto, que poco queda ya por decirse. Si decidimos levantar la mano para tomar parte en este debate, es porque consideramos que algo muy importante quedó fuera de la polémica iniciativa legislativa. Apartaré de mi atención de todo aquello que pudiera hacer pensar al lector que se busca crear solapadamente privilegios injustificados, en favor de grupos o sectores determinados, y centraré mis comentarios en un aspecto que crea discriminación, que a nadie pareció importarle.
El proyecto dice tener interés en ‘la renovación integral del Sistema Penitenciario Nacional para las personas privadas de libertad', para lo cual habrá que definir con carácter permanente de rehabilitación de los privados de libertad, y consecuente con ello, ‘elaborar manuales, acuerdos y reglamentos sobre temas de resocialización y reinserción de esta población'. Su punto más conflictivo, es que conmuta pena ‘…por actividades de estudio, enseñanza o trabajo', tema sin comentarios para nosotros.
Al igual que ocurrió con la entrada vigencia del Sistema Acusatorio en la justicia de menores, será por vía de interpretación, y no por mandato expreso de la norma que los adolescentes privados de libertad, podrán gozar de esos beneficios. Estamos seguros que las estadísticas indicarían que muchos adultos que hoy purgan penas de prisión, en algún momento pasaron por la justicia y centros carcelarios de menores.
El reto de renovación integral propuesto, sin importar que respondan a ‘recomendaciones foráneas‘, o a motivaciones internas, quedaría a medias si se le otorga esa atención accesoria o de segundo plano, a los problemas de la población interna juvenil. Lamentamos aún que el proyecto desconozca que es el Instituto de Estudios Interdisciplinarios (I.E.I.) del Ministerio de Gobierno y no la Dirección del Sistema Penitenciario, a quien compete todo lo referente al funcionamiento de los centro de menores.
Con base a nuestra experiencia, podemos afirmar que los programas y planes para la atención de adultos, no alcanzarán los propósitos perseguidos. El trato legislativo de los problemas de los menores privados de libertad, demanda especialización, trato especial que se les regatea, como que si con el encierro, desaparecieron los problemas para la sociedad.
Abogado