La situación financiera de las empresas de transporte público

La intención del presidente Mulino de revisar al alza las tarifas de Metro Bus y del Metro de Panamá no parece la mejor manera de iniciar un debate respecto al transporte público.

En primer lugar, esto no guarda concordancia con el severo atraso de las cifras financieras de las empresas públicas de transporte. El último estado financiero auditado disponible del Metro de Panamá y su subsidiaria Transporte Masivo (MiBus) corresponde al año 2021, lo que equivale a tres periodos de cifras pendientes por presentarse.

Considerando lo anterior, ¿bajo qué fundamento el presidente emite un juicio respecto al subsidio de la tarifa de transporte?

La única fuente de información que tenemos disponible son las memorias anuales que han presentado estas empresas públicas a la fecha. Si tomamos en cuenta la Memoria Anual 2024 del Metro de Panamá, la operación registró al cierre de octubre una utilidad de 1.7 millones dólares antes de la depreciación y amortización, mientras que MiBus, para el mismo rubro y periodo, reportó un superávit de 1.9 millones de dólares. No obstante, dicho superávit contempla 63.6 millones de dólares en subsidio de la tarifa de buses.

Aunque, en principio, el monto puede parecer elevado, debemos considerar que el servicio del Metro de Panamá y MiBus permite entre 220 y 240 millones de viajes anualmente, por lo que se ha convertido en un pilar de la economía panameña. Este rol, no obstante, se ha traducido en pocos beneficios para la sostenibilidad del transporte público.

Un atraso de tres años en la presentación de cifras financieras no es muestra de que se apliquen las mejores prácticas contables y administrativas en la gobernanza y transparencia de estas empresas. Por otra parte, la política fiscal, actualmente concentrada en la generación de ingresos para el gobierno central, ha obviado el enorme impacto económico de la modernización del transporte público durante las últimas dos décadas.

Existe mucho por hacer antes de una revisión de tarifas que reduciría el consumo privado, golpearía los bolsillos de las personas con menos recursos y castigaría a quienes menos contaminación producen en su movilización diaria. El debate sobre el transporte público no debería comenzar por el alza de tarifas, sino por la transparencia, la eficiencia y el compromiso con quienes dependen de este servicio todos los días.