La separación de los poderes del Estado en Panamá parece más un tema de voluntad política que un mandato constitucional. La historia acerca de la compra de fallos o de la injerencia de otros Órganos del Estado, equipara la justicia panameña a un burdel, donde el que tiene plata, influencia o cuotas de poder puede salir bien librado.

Firmas de abogados con varitas mágicas, contactos políticos, acceso a jueces y fiscales, reuniones con funcionarios de alta jerarquía; hacen del ‘lobby' judicial un negocio lucrativo. Así es Panamá, donde los hijos de las cocineras pagan cárcel por las gallinas ajenas que presuntamente se comieron, mientras que los dueños del negocio se reparten el país con impunidad.

Todo esto pasa frente a las narices del pueblo, pero es ahora que la cueva de ladrones de la pasada administración se vio comprometida por sus fechorías, que sacaron los trapos sucios como estrategia para tratar de distraer la atención y salvar pellejo. No obstante, la aparente calma y tolerancia del panameño funciona como arma sigilosa.

Mucha gente se preocupa por el día a día. El empleo, la economía, la inseguridad, la canasta básica, entre otros temas; sin embargo, la gota que puede derramar el vaso es el hastío por la forma discriminada en que le restriegan al panameño de a pie la injusticia.

El Órgano Judicial está podrido y el Ministerio Público carcomido por dicha podredumbre. Las cosas no están bien por esos lares, pero lo peor de todo, es que el olor a putrefacto comenzó a incomodar a la gente. La exposición mediática y la asfixia judicial a los maleantes de la pasada administración, ha puesto en relieve una verdad que siempre ha existido en Panamá, pero que nadie quiso enfrentar antes.

Es un momento decisivo en el país, la coyuntura exige a los gobernantes de turno tomar acción, y de una vez por todas, ponerle el cascabel al gato, antes de que esto se salga de control.

*Periodista

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Las cosas no están bien por esos lares, pero lo peor de todo, es que el olor a putrefacto comenzó...