Por: Karla M. Barranco
A la niñez panameña el Estado le falló. Le falló de la forma más cruel posible: abandonándola en manos de quienes debían protegerla. El SENNIAF, institución creada para ser un refugio, terminó convirtiéndose en escenario de abuso, negligencia y silencio cómplice.
No se trató de errores aislados, sino de un fracaso estructural que expuso a niños y niñas indefensos a graves violaciones de sus derechos. Menores bajo custodia estatal fueron desatendidos, golpeados, abusados y humillados.
Sufrieron hambre, miedo y violencia mientras el Estado miraba hacia otro lado. Cada denuncia ignorada, cada informe archivado y cada supervisión inexistente representaron una traición directa al deber más básico de cualquier sociedad: proteger a su infancia.
Lo más indignante es que muchos de estos niños ya provenían de contextos de vulnerabilidad extrema. Fueron separados de sus familias bajo la promesa de protección y terminaron siendo víctimas del propio sistema que debía garantizar su bienestar.
Cuando un niño es violentado bajo custodia estatal no existen excusas posibles ni justificaciones administrativas. La falta de controles, la ausencia de personal capacitado y la impunidad frente a las denuncias demuestran que la protección infantil nunca fue una prioridad real.
Hoy más que nunca se requiere una reforma profunda del sistema de protección infantil, acompañada de investigaciones serias, sanciones ejemplares y políticas públicas centradas en el interés superior del niño.
Proteger la niñez no es un acto de caridad: es una obligación legal, moral y social que Panamá no puede volver a ignorar.
