Fue oportuno que el presidente se refiriera a las “tercerizaciones” contratadas por Panamá Ports con dos empresas, curiosamente constituidas en el año 2015, o sea, cuando habían transcurrido 18 años de la concesión, que había sido otorgada en 1997. Para quienes no estén al tanto de esas “macalusias”, conviene explicar que, por esa vía, algunas empresas mediante la contratación de “esos terceros o terceras” se libran de asumir costos laborales. Ejemplos ya clásicos son las contrataciones “como paquetes” de las tareas de limpieza de bancos y oficinas o de servicios de seguridad. La contratante paga una suma global a los terceros que, a su vez contratan a las personas que realizan directamente la labor contratada. Por esa vía, la empresa contratante de los terceros, por no tener una relación directa con los operarios que físicamente realizan las tareas, no es “el patrono” y no tiene ninguna relación laboral con esos operarios que son empleados del “tercero o la tercera” contratada.
En el caso de “las terceras”, específicamente las empresas Serviestiba, S.A. y Maniobras y Estibas Portuaria, S.A., contratadas por Panamá Ports, su situación legal para nada resulta clara y, por tanto, hacen falta mejores explicaciones. Por un lado, Mulino, textualmente, dijo que esas empresas, “llámense arrendadores, dentro o fuera del puerto, amparadas en la concesión de Panamá Ports, tienen el mismo problema que PPC: se quedaron sin contrato.” Por el otro, las susodichas “terceras” han declarado que ellas siguen operando con “total normalidad”.
Si esas afirmaciones ya son suficientemente contradictorias y, en consecuencia, exigen ser aclaradas, agréguese que en el año 2025 el contralor, declaró públicamente que esas empresas “eran responsables de pérdidas millonarias para el Estado”; que “no pagaban impuestos y el Estado no recibe ingresos por los servicios que prestan en terrenos y bienes que pertenecen a la Nación”.
Si lo que afirmó el contralor es cierto y comprobable y si el presidente dice que ellas, por ser apéndices de PPC, quedaron “descontratadas”, cuanto antes y de manera diáfana se explique en qué condiciones o bajo que norma legal están amparadas para seguir operando.
