Con una votación de 48 diputados a favor y 23 en contra fue aprobado el proyecto No 163, que reforma la Ley No 51 de 2005 de la Caja de Seguro Social, el pasado 13 de marzo; y sancionado por el Presidente de la República, el 18 de marzo, pasando a ser la Ley No 462 de 2025.

Se ignoraron las propuestas de los sectores populares organizados y se mantuvieron medidas paramétricas (el aumento de la edad de jubilación sujeto a un compás de espera de 6 años); se legalizó la privatización de los fondos a través de la capitalización del fondo de reserva mediante la tercerización de bancos estatales; y se desnaturalizó la institución de seguridad social a través del sistema de cuentas individuales.

Aunque se introduce el aumento progresivo de cuotas patronales de 3%, mas no el de las cuotas obreras, los jubilados y pensionados han de pagar 6.75% sobre el monto de sus jubilaciones y pensiones. La edad de jubilación se mantiene formalmente igual (57 y 62 años para mujeres y hombres respectivamente), pero debe revisarse en 6 años según comisión tripartita. La tasa de reemplazo en la práctica sería el equivalente al 30% de todos los años de trabajo del que se jubila (a diferencia del 60% actual), obligándolo a laborar 15 o más años para alcanzar el porcentaje actual.

El fondo de reserva va a ser manejado por el Banco Nacional y la Caja de Ahorros, en un 90% para efecto de inversiones, pudiendo tercerizarlo sin controles; mientras que el 10% lo pueden administrar directamente administradoras privadas. El 75% podrá ser utilizado en comprar deuda de estados extranjeros y solo un 15% en desarrollo económico nacional.

Se establece el sistema de cuentas individuales o de capitalización individual, que significa que los fondos de la pensión se acumulan individualmente a lo largo de la vida laboral del trabajador, eliminando el subsistema exclusivo de beneficio definido. Esto a pesar de que el 70% de los países que privatizó la seguridad social ha tenido que revertir tal medida, dados “los impactos negativos sociales y económicos”, según la OIT, lo que la ha llevado a señalar que el experimento de privatización de sistemas públicos de pensiones obligatorias fracasó.

No obstante las detenciones ilegales y la represión, las protestas y paralización de labores no se hicieron esperar. ¡La lucha sigue!