Necesidad del retorno al sistema solidario

¿Podríamos imaginar un mundo donde las personas de la tercera edad dejan de trabajar o sus cónyuges fallecen y no cuentan con sus pensiones respectivas para hacerle frente a sus necesidades económicas? ¿O de trabajadores que enferman o se accidentan y dejan de cobrar sus salarios durante el tiempo que dure su enfermedad o incapacidad, o pierden sus trabajos a consecuencia de estos eventos? ¿O bien no cuenten con servicios de atención (que no sean privados) por esa enfermedad o incapacidad? ¿O de embarazadas que se ven forzadas a abandonar sus empleos a consecuencia de su situación de gravidez o del nacimiento de su bebé?

Creo que la humanidad no hubiera sobrevivido. Y es porque la seguridad social hizo la diferencia.

Desde la seguridad social estatal fundada por Bismarck en 1883, hasta la actualidad, la misma ha cumplido una función social de primera envergadura, basada en los principios de universalidad, integridad, uniformidad y solidaridad. Sin esa función social, la economía basada en el capital privado no se hubiera podido desarrollar.

Particularmente, el principio de solidaridad permite que las personas de más altos ingresos subsidien a los de menos ingresos, pero recibiendo, todos, los mismos servicios.

Las reformas a la Ley de la CSS de 2005 significaron sustituir el sistema solidario, por uno mixto; además de aumentar la edad de jubilación y el número de cuotas requeridas para el retiro, medidas recomendadas por las IFIs, todo lo cual no pudo resolver los problemas en 14 años.

Hoy, el director de la CSS, de una manera alarmista anuncia que para el 2023 la institución quedaría totalmente desfinanciada, pero lo hace con base a una información actuarial que no está actualizada ni es confiable. Señala que estos estados financieros fidedignos se podrán obtener en 18 meses, es decir, para el 2022, un año antes de la hecatombe. Y que el ‘diálogo' se daría a continuación. Pero desde ya, la Junta Técnica Actuarial recomienda aumento de edad de jubilación, aumento de cuotas y disminución de beneficios, o sea, adoptar las mismas recetas del 2005.

Estos anuncios parecieran buscar una ‘carta blanca' para justificar los sobrecostos en la Ciudad de la Salud y la realización de planes de negocios (inversiones con las reservas) de la clase empresarial beneficiada con este gobierno, a pesar de los $ 283 millones adeudados en cuotas.

ABOGADA Y DOCENTE UNIVERSITARIA