A raíz de la toma de posesión de las nuevas autoridades gubernamentales, un alto número ha realizado anuncios a través de redes sociales y medios de comunicación, de situaciones irregulares en sus oficinas, como la existencia de planillas infladas, información sensitiva borrada, infraestructura deteriorada, así como automóviles desaparecidos, entre otras cosas.
Sólo en la Asamblea Nacional, su Presidenta ha dado cuenta de 300 nombramientos de “botellas” (personas que cobran salario sin trabajar), a las cuales ha destituido. Debe haber muchas más, pues sólo entre enero y abril de este año, el Legislativo panameño vio incrementar su planilla en 1,391 nuevos funcionarios. (La Prensa, 11/7/24).
Tanto la Alcaldía de Panamá como la de San Miguelito han indicado haber detectado la práctica del “cashback” (nombramientos a cambio de entrega de parte del salario al “padrino” que logra la inclusión en la planilla); y la de Colón, la existencia de 500 “botellas” en su nómina de personal.
Lo anterior condujo a que la ANTAI realizara de oficio, investigaciones por desaparición de información pública relevante en municipios como San Miguelito y en juntas comunales como la de Parque Lefevre y San Francisco.
A pesar estas múltiples irregularidades divulgadas mediáticamente, el Ministerio Público ha dado cuenta de que adelanta sólo tres investigaciones por las mismas, de las cuales dos son de oficio (una en el Municipio de Panamá y otra en el de Calobre) y sólo una presentada formalmente por la representante del corregimiento de San Francisco en la ciudad capital (La Estrella, 13/7/24). Aunque debió investigar de oficio todos los casos exhibidos públicamente.
El Presidente Mulino ha instruido a ministros a denunciar irregularidades de la administración gubernamental anterior, ante el Ministerio Público en la segunda sesión de Gabinete de la Presidencia. Su vocera ha señalado que hacerlo no significa que haya “persecución política”, sino que debe derivar de “un real análisis” de cómo fue la administración de los proyectos en el período pasado (La Prensa, 11/7/24).
Hay que demostrar que se tiene serio interés en adecentar la administración pública y denunciar formalmente ante el Ministerio Público todos estos presuntos delitos, de manera de no ser cómplices de los mismos.
Hay que evidenciar con estas denuncias penales que no se está simplemente “taquillando” o maquillando pactos de “gobernabilidad”, tal como ha sido la práctica en los gobiernos entrantes y salientes que se alternaron el poder desde la invasión.
