La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho claramente, en su Opinión Consultiva No 8/87 de 30/1/87, que el estado de excepción o de urgencia (como la Constitución le denomina en su artículo 55), “no es suspensión temporal del Estado de derecho ni autoriza apartarse de la legalidad”. En este sentido, agrega que “la suspensión de garantías carece de toda legitimidad cuando se utiliza para atentar contra el sistema democrático, que dispone límites infranqueables en cuanto a la vigencia constante de ciertos derechos esenciales de la persona”.
Asimismo, Transparencia Internacional señaló que “la urgencia no autoriza suprimir garantías esenciales como el hábeas corpus, la supervisión judicial o la privacidad de las comunicaciones, ni cortar la conectividad de toda la población, pero sobre todo la información veraz y objetiva” (Swissinfo.ch, 27/6/25).
El Ejecutivo panameño procedió a la suspensión de garantías constitucionales en la provincia de Bocas del Toro (artículos 21, 22, 23, 26, 27, 29, 37 y 38 de la Constitución) a través del Decreto de Gabinete No 27 de 20/6/25, por 5 días, procediendo a suspender también el hábeas corpus; y luego, mediante el Decreto No 28 extendió dicha suspensión hasta el 29 de junio, pero sin suspender esta acción judicial, reconociendo su “error”. Sin embargo, el internet y la telefonía celular se mantuvieron suspendidos. Siguen vigentes el toque de queda para menores de edad y la operación Omega ejecutada por los estamentos de seguridad para la cual se destinaron 2,400 efectivos.
Las fuerzas policiales han procedido a apartarse de la legalidad, en sus actuaciones, violentando los más elementales derechos humanos. Ha habido más de 370 detenciones, durante la operación Omega, según cifras de los propios estamentos de seguridad, de los cuales 21 son menores de edad. 12 mujeres fueron apresadas, conducidas desnudas al Centro Feminista de Rehabilitación en Los Algarrobos. Los detenidos han sido trasladados al menos a 4 provincias, afectando su derecho a la defensa y la comunicación con su familia. Han sido objeto de maltratos, abusos, torturas. Se reportan muchas personas aprehendidas en sus casas, que no participaron de las protestas. Ha habido múltiples allanamientos y decomisos. Se produjo el fallecimiento de una niña de un año y 8 meses, a consecuencia de bombas lacrimógenas, según reportó Aldeas Infantiles SOS Panamá. Los abogados indican que los hábeas y amparos no están funcionando.
No sólo se perdió el Estado de Derecho, también la legitimidad para gobernar.
