Hoy, hace 100 años, fue aprobada esta Ley, que garantizó el ejercicio de la abogacía a hombres y mujeres sin distinción. Antes de esta fecha, las mujeres no podíamos ejercer el Derecho.
Dicha Ley fue producto de las demandas del Centro Feminista Renovación (1922), primero, y del Partido Nacional Feminista (1923), después, en la ruta de lograr la igualdad para la mujer respecto del hombre “en todas las esferas de la vida”, al decir de Clara González, quien lideró ambas agrupaciones.
Ella hizo sus estudios en la Escuela Nacional de Derecho (1918-1922), a sabiendas de antemano de que no lo podía ejercer, pero era consciente de la misión que tenía por delante expresada en su tesis de grado “La Mujer ante el Derecho panameño”, donde hace un análisis exhaustivo del ordenamiento jurídico de la época, para demostrar la existencia de normas discriminatorias que era necesario derogar.
En efecto, desde 1922 estas agrupaciones presentan memoriales para abolir estas regulaciones excluyentes, incluyendo la prohibición del sufragio a la mujer. En 1924 logran que la Asamblea Nacional apruebe la Ley 55; y en 1925, las Leyes 43 y 52, que reforman los Códigos Civil y Judicial, eliminando varias incapacidades hacia las mujeres, más no el derecho al voto, el cual lo obtienen plenamente en la Constitución de 1946.
Clara obtuvo su idoneidad el 14 de mayo de 1925 (la No 138), siendo la primera mujer abogada. La segunda mujer en obtenerla fue Donatila Lasso Aguilar, en 1930. La tercera fue Elida Campodónico de Crespo, en 1935. Lo curioso fue que entre 1925 y 1970, sólo 24 mujeres habían obtenido la idoneidad, es decir, el 3% del total.
Se trataba de una profesión eminentemente masculina, hasta el año de 1996 cuando las mujeres obtuvimos el 61% de las idoneidades otorgadas ese año. De 1996 hasta la fecha es una carrera mayoritariamente femenina. Y es consecuencia de la mayor afluencia de mujeres a la carrera jurídica (en el campus central, Facultad de Derecho de la Universidad nacional, el 63% de los estudiantes son mujeres). Igualmente, la participación de abogadas en la judicatura, en el 2023, fue de 63.5%.
Avance numérico importante gracias a esas pioneras feministas. Quedan pendientes temas salariales, de dobles jornadas, acosos, acceso a cargos directivos y de la interseccionalidad (etnia y clase social).
