Por: Antonio Delegado
La falta de medicamentos en la Caja de Seguro Social (CSS) se ha convertido en uno de los problemas más sensibles y urgentes de Panamá. Cada día, miles de los asegurados acuden a las farmacias de la institución con la esperanza de recibir el tratamiento que les corresponde, pero en muchos casos se encuentran con estanterías vacías y respuestas que rozan la resignación y nos dicen NO HAY.
Este desabastecimiento no es un hecho aislado, sino una situación recurrente que refleja deficiencias en la gestión, la planificación de compras y la transparencia en los procesos. El ciudadano común, que aporta religiosamente sus cuotas, se ve obligado a gastar de su propio bolsillo en farmacias privadas, lo que profundiza la desigualdad, ya que no todos tienen los recursos económicos para hacerlo.
Lo más grave es que la carencia de medicamentos no solo afecta a quienes padecen enfermedades crónicas, como hipertensión o diabetes, sino también a quienes requieren tratamientos urgentes. La salud no puede esperar trámites burocráticos ni excusas administrativas.
El Estado y la CSS tienen la responsabilidad moral y legal de garantizar el acceso oportuno a los medicamentos. No se trata de un favor, sino de un derecho fundamental. Urge una reforma integral que priorice la transparencia, la eficiencia en la cadena de suministro y la rendición de cuentas.
La falta de medicinas no es un simple inconveniente: es una crisis que pone en riesgo la vida de miles de panameños.
