Panamá enfrenta una de las realidades más dolorosas de su historia reciente: el aumento dramático de jovencitos en las garras del crimen organizado. Las cifras no mienten y son escalofriantes. Solo en la provincia de Panamá, el año pasado se registraron más de mil casos de crímenes con menores de edad involucrados. Este dato no es solo una estadística policial; es el acta de defunción de la tranquilidad social y un síntoma de que tenemos un problema profundo que atender.
El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, reconoce el problema, y la mala influencia de adultos detrás: “Si están usando menores de edad para delinquir y amedrentar a otros grupos, entonces tenemos un problema como sociedad y tenemos que buscar la solución”, advirtió ayer.
Y el diputado José Pérez Barboni ha tomado la iniciativa con un proyecto de ley que busca acabar con lo que muchos perciben como una burla al sistema: las medidas cautelares blandas, como firmas periódicas o casa por cárcel para menores que han cometido crímenes horrendos a sangre fría.
Sin embargo, endurecer las penas, aunque necesario para frenar la impunidad inmediata, es solo una parte de la ecuación. La solución debe ser integral. Necesitamos un Estado que llegue a los barrios antes que el pandillero.
