Todo indica que quienes aplican la justicia emiten medidas cautelares de manera selectiva, dependiendo del estatus político, social o económico de la persona imputada y grado de cercanía con quienes mandatan los órganos de justicia. Situación observada al correr de las distintas administraciones gubernamentales, ya que son quienes escogen a estos funcionarios.
Pareciera que cuando se trata de figuras políticas o cercanas al poder, es inexistente la certeza de castigo, fundamentalmente a exfuncionarios de alta jerarquía. Esos que han cometido delitos contra el patrimonio nacional y tenido alguna relación o parentesco con figuras ligadas al Órgano Judicial o cualquier Órgano del Estado. Situación que les ha hecho creer, equívocamente, que ostentan una patente de corso para delinquir.
Tal es así, que cada administración gubernamental sucesora a una anterior, profundiza los niveles de corrupción, nepotismo, falta de transparencia, malversación de fondos, peculado, tráfico de influencias, enriquecimiento injustificado, entre otros, por la pena irrisoria establecida, para estos delitos (5 años).
Lamentablemente, pareciera que la Justicia es sorda, ciega y muda, cuando se trata de llamar a funcionarios de alta jerarquía y empresarios ligados al gobierno de turno, a responder por delitos cometidos contra la administración pública y el bienestar de la población.
Se observa que los jerarcas, al ser llamados por la justicia, que de hecho es zigzagueante, a responder por los actos cometidos, evaden su responsabilidad, mediante subterfugios, tales como certificaciones médicos, operaciones y otras prácticas dilatorias para justificar sus ausencias a la citación, etc.
Otra de las estrategias utilizadas por esos corruptos, ha sido refugiarse en el Parlamento Centro Americano (PARLACEN), razón por la cual la población está perdiendo credibilidad y dejado de confiar en los entes gubernamentales, independientemente del partido político al que pertenezcan, al igual que en las ambivalentes actuaciones de los órganos de justicia.
