Grado de inversión: Peligro u oportunidad

La reciente rebaja del grado de Inversión de la República de Panamá por parte de la calificadora Fitch Ratings, llega en un momento determinante de la era democrática del país post-invasión, ya que se da en medio de un torneo electoral que arrojó resultados que quizás para muchos insospechados para puestos de gobiernos locales y en el caso presidencial la reacción a los dos últimos quinquenios que podríamos considerar al menos deficientes en materia de ejecución y planificación por decir lo menos.

Es oportuno remarcar que las principales fuentes dentro del informe para decretar el descenso en la calificación tienen a indicar aspectos de índole fiscal como el posible aumento del déficit fiscal para el año 2024, producto del incremento del presupuesto general del estado para dicha vigencia aunado al estancamiento proporcionalmente hablando de la recaudación fiscal especialmente con el efecto proveniente del cierre de operación minera en el país en especial medida, así como la probable disminución de darse en los dividendos que brinda.

Si miramos en retrospectiva desde 2010 año en que oficialmente accedimos al rango de Grado de Inversión hasta el año 2023 la tasa media del Crecimiento del PIB fue de 5.6% incluso con la inclusión del año 2020 (pandemia) bastante por encima de la media de la región, con lo cual el fundamento del grado BBB se enmarca en el Crecimiento de la Economía, lo cual es un hecho cierto, sin embargo para efectos del descenso de Calificación la cual tuvo como antecedente previo las modificaciones en la perspectiva de país pasando el proceso de “estable” a “positiva” el descenso en las tasas de crecimiento Nacional y el incremento en los niveles de endeudamiento que por añadidura implicaba el incremento de la presión fiscal del estado puesto que la estructura financiera gubernamental implica un monto importante destinado anualmente a financiar el déficit fiscal derivado del modelo económico actual, el cual genera niveles importantes de desigualdad el cual en cierta medida e incluso como un mea culpa de las administraciones del estado post-invasión ha sido mitigado por subsidios de diversas categorías, los cuales en su naturaleza se podrían considerar como positivos y de justicia social sin embargo en términos reales para el año 2023 representaron según las cifras oficiales hasta el mes de Noviembre de B/.2,121.00 Millones equivalente al 19.1% de los ingresos corrientes del estado, situación genera una presión sustantiva a una economía por la manera en que reduce los niveles de inversión pública posible.

Es por esto que la consideración de las nuevas autoridades en materia económica debe ser primordialmente generar las condiciones que permitan el crecimiento de la masa laboral formal en el país, bajo la premisa del desarrollo de nuevos motores económicos que provean dichas plazas, puesto que ha quedado comprobado en los últimos años inclusive antes de pandemia que los sectores históricos considerados como las fortalezas económicas del país, han venido en descenso de masa laboral debido a la transformación digital de procesos y actividades, por otra parte el incremento de interconexión de orden global, eliminó paulatinamente el concepto de centralización de actividades comerciales que otrora sirvió como plataforma para la economía nacional, por lo cual el país se aboca de manera inexorable desde nuestra óptica a un replanteamiento del modelo de desarrollo el cual viene desde los años setenta del siglo pasado y que si bien fue provechoso para el país, los constantes cambios en materia tecnológica, geopolítica y social a nivel global, han manifestado la necesidad de vincularnos a la economía de la productividad y la especialización, dejando un tanto de lado el conocido estribillo por décadas de “economía de servicios”.

Queda esto para el debate y el análisis de nuestros nuevos regentes del estado y a nivel económico y de orden empresarial la visión y el liderazgo que nos enrumbe nuevamente por la senda de la vanguardia en el desarrollo.