Los hechos que han caracterizado el hemiciclo legislativo en las últimas horas son una clara evidencia de que esta situación tampoco variará durante este lustro.
Los independientes terminaron prácticamente tomándose de los cabellos, mientras las críticas y ataques son el pan nuestro de cada día.
La situación de los suplentes y la bancada Vamos reflejó un desagrado, porque lo que debió ser la diferencia resultó ser lo mismo de siempre, solo con otros actores.
El tiempo avanza rápidamente, y las actividades legislativas y leyes carecen de un enfoque social, como si hubieran olvidado quiénes los llevaron a sentarse en esas sillas.
Hablando de sillas, la aprobación de una disposición que tiene como objetivo sancionar a quien lleve a una menor sin el asiento obligatorio aparenta ser la iluminación divina para poder decir que se aprobó alguna ley distinta a la de la CSS.
Hay muchos temas importantes que deben ser atendidos y requieren que se pise el acelerador, como la Ley de Justicia de Paz Comunitaria, que se ha convertido en el karma de los abogados. Lo que se ventila en esa jurisdicción es un gran hoyo negro que traslada a una dimensión desconocida.
Los abogados que tramitamos en esa justicia básica y elemental nos exponemos a afectaciones de salud, porque la inoperancia que existe es indescriptible.
Ahora que los magistrados de la Corte han recibido un ajuste salarial acorde con el alto costo de la vida, esperemos que se animen a adoptar la Justicia de Paz Comunitaria y que esta pase a ser competencia de los jueces municipales.
Hablando de los jueces municipales, muchos deberían refrescar algunos conceptos sobre los procesos de sucesión de menor cuantía. El propio Código Judicial señala que no es necesario aportar los certificados de defunción ni de nacimiento de los herederos; confronten el artículo 1605 y los subsiguientes.
Los criterios de algunos jueces y de la oficina judicial no están por encima de la ley. La regla general es aportar dichos documentos, pero cuando se trata de cuantías ínfimas, la ley establece un mecanismo para administrar justicia sin esos requisitos.
