- martes 25 de noviembre de 2025 - 12:00 AM
Las cifras del Ministerio Público revelan altos niveles de violencia contra las mujeres panameñas: 13,490 casos de violencia doméstica, 5,238 de delitos contra la libertad e integridad sexual y 13 femicidios, de enero a octubre de 2025.
La violencia doméstica es el delito de mayor incidencia en el país y la que siempre antecede a los femicidios, por la ineficacia de medidas establecidas en la Ley como las boletas de protección, el escaso presupuesto para los hogares de protección y la falta de ejecución de los brazaletes electrónicos para evitar el acercamiento de los agresores.
Lo anterior hace que, en general, exista una peligrosa tendencia social de normalizar la violencia contra la mujer y que impere un clima de impunidad hacia este tipo de delitos.
En el último año se aprobó la Ley 474 de 24/6/25 que introduce modificaciones al Código Penal y Procesal Penal, endureciendo las penas en los casos de violación sexual (entre 7 y 12 años de prisión, en vez de 5 a 10 años anteriores) y actos libidinosos (entre 2 y 4 años, en lugar de 1 a 3 años).
Sin embargo, en relación al Proyecto de Ley contra la violencia sexual digital (basada en la Ley Olimpia) tuvo la Asamblea que aprobarlo por insistencia, el pasado 14 de julio, convirtiéndola en Ley 478 de 2025, ante la negativa del Ejecutivo de sancionarla, pese a su aprobación en el hemiciclo legislativo desde octubre de 2024.
Esperamos que no pase igual con el proyecto de ley 176, que busca permitir que la lista de ofensores sexuales sea de acceso público y funcione como instrumento de prevención de futuros delitos sexuales contra menores de edad. Fue aprobada en tercer debate por la Asamblea el 2 de octubre pasado y aún no es sancionada por el Ejecutivo.
Por otro lado, el debilitamiento del presupuesto del Ministerio de la Mujer y su eventual eliminación (si prospera la propuesta del Ejecutivo) afecta la política pública de prevención y atención integral a las víctimas de la violencia y pone en riesgo la aplicación del PPIOM 2024-2034. Un claro retroceso contrario a las recomendaciones de los organismos de derechos humanos.
La población ha presenciado atónica los últimos casos de femicidios en el país, los cuales llevaron a Monseñor Ulloa a señalar: “Cuando una mujer muere por causa de la violencia, pierde toda la sociedad. No basta con indignarnos, hay que actuar”.
