Hace 25 años, la reversión del Canal a manos panameñas constituyó un hito histórico producto de la lucha generacional de panameños, sustentada en el tratado Torrijos-Carter, suscrito por EE.UU. y Panamá en 1977, que consagró la administración conjunta de la vía por parte de ambas naciones y la devolución paulatina de tierras e instalaciones, hasta concluir con la restitución definitiva de esta gran obra interoceánica al legítimo soberano, así como el desmantelamiento de las bases militares norteamericanas instaladas en suelo patrio, el 31 de diciembre de 1999.
Dicho acontecimiento se enmarca en el proceso de descolonización que se produjo a nivel mundial, donde colonias o territorios proclamaron su independencia política con respecto a potencias extranjeras, fundamentalmente en Asia y África, entre la Segunda Guerra Mundial y los años sesenta, amparado por la Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas N.° 1514 de 14 de diciembre de 1960, que consagraba el principio de libre determinación de los pueblos y la necesaria conclusión del colonialismo en todo el orbe.
Panamá, a pesar de ser una nación formalmente independiente, tenía enclavada en sus propias entrañas una “Zona del Canal”, donde EE.UU., so pretexto de construir y operar la vía, usufructuaba “a perpetuidad” dicho espacio territorial, “como si fueran soberanos”, y tenía sus propias leyes, jurisdicción y ejército (Comando Sur), al amparo de un Tratado que ningún panameño firmó (Hay-Bunau Varilla, 1903-1977).
De allí que la celebración de estos 25 años sea de profundo regocijo para los conciudadanos, pero, a la vez, motivo para manifestar nuestro total rechazo a las delirantes e irrespetuosas declaraciones recientes del presidente electo estadounidense Donald Trump, quien ha amenazado con recuperar el control sobre el Canal si las autoridades panameñas no reducen los peajes del tránsito.
La mano de obra panameña ha demostrado ser eficiente en el manejo del Canal y la estructura de peajes se supone se actualiza anualmente en función de las necesidades del mercado y del mantenimiento del servicio.
La causa de recuperar y defender el Canal sigue siendo la “religión que une al pueblo panameño”, pero también este reclama el “uso más colectivo posible” de sus activos, siendo inadmisibles los exorbitantes salarios de su administrador, las canonjías de su junta directiva y los usos de sus beneficios para apuntalar a una casta enquistada en el poder político y económico en detrimento de la población mayoritaria del país.
