Es triste cuando el presidente, el Ministro de Salud o los altos jerarcas de la Caja deciden ajusticiar al personal de salud por acusaciones infundadas, hechas por un familiar de un paciente que fue llevado a una instalación que no cuenta con servicios de urgencias. Todo comenzó con un cuadro bizarro ocurrido en un centro escolar.
Ahora, en una entrevista matutina concedida a medios afines al Gobierno, una familiar del paciente declara alegremente que todos los exámenes de laboratorio han salido bien y que aún están a la espera de una resonancia. Esto invita a reflexionar sobre varios puntos: si realmente era una urgencia, ¿por qué todo sale normal? Si ella afirma que falta un estudio por culpa de los directores o ministros, ¿por qué no los acusa ni se muestra molesta con el Gobierno? Y, por último, ¿por qué no culpa al seguro privado de la escuela por no reconocer la supuesta urgencia, y en cambio canaliza su enojo hacia los docentes?
¿Será que todo este espectáculo de indignación fue orquestado para atacar y desacreditar a los gremios que se resisten a la diabólica Ley 462?
El debido proceso fue violado desde el momento en que el Ejecutivo intervino y presionó por sanciones sin que existiera una investigación previa. Estrenaron la nueva ley como si fuera un regalo, cortesía de diputados que prometieron algo distinto, pero terminaron haciendo lo mismo que Mulino.
No existen desmayados que caminan, y pretender sacar a otro paciente para atender a su familiar dice mucho sobre esta patraña.
¡Enfrentemos la dictadura!
