La decisión, mediante un Decreto Ejecutivo presidencial, de expropiar las 41 fincas de la denominada Isla Margarita, dará para hablar mucho y comentar más por sus consecuencias jurídicas, económicas y políticas.
La parte resolutiva del decreto, con abundantes detalles, muchos innecesarios para justificar la decisión, en síntesis, puede resumirse así: Se ordena la “expropiación extraordinaria, a favor de la Nación, “por motivo de interés social urgente” de 41 fincas, hasta ahora de propiedad privada e inscritas en el Registro Público.
Se ordena al Registro Público que inscriba las 41 fincas a nombre de la Nación.
Se ordena al Registro Público cancelar cualquier gravamen que exista o esté pendiente de inscripción sobre las fincas expropiadas y se le advierte que el Decreto Ejecutivo es de obligatorio e inmediato cumplimiento.
Se autoriza al Ministerio Público para que promueva el proceso judicial en el que se determinaría el monto de la indemnización a pagar a los propietarios expropiados.
Se autoriza al ministerio de Seguridad, para entrar y asegurar la ocupación por el Estado de las fincas expropiadas, en el caso de que existiera oposición.
Las primeras reacciones, expuestas en forma de preocupación por personas relacionadas, consultadas por varios medios, son de preocupación por los efectos negativos que, para la seguridad jurídica, que es necesaria para atraer inversiones, pudiera tener la decisión del Órgano Ejecutivo, especialmente cuando la razón invocada y concentrada en la frase “por motivos de interés social urgente” abre una senda para amplios debates, desde semánticos hasta fácticos.
Del otro lado de la ecuación y como la contrapartida directamente afectada está la empresa expropiada y “des-concesionada”. Sus acciones, mencionadas en la larguísima motivación de la decisión presidencial, apuntan a que, en su intención, desde que se hizo con la propiedad de las fincas y logró legalmente la concesión, era explotar un negocio supuesto a redituarle enormes beneficios y que, como también es fácil suponer, frustraron las aspiraciones de “otros interesados” que, como se ha destacado desde el propio Órgano, aspiran y están a la espera de sustituir a los desplazados por la expropiación.
Estos primeros apuntes, apenas rozan la superficie de un asunto con “mucho mar de fondo” y como habrá tiempo de sobra para seguir deshojando “la Margarita”, por hoy, pero sin perjuicio de retomarlo, lo dejamos hasta ese tamaño.
