Arraiján exige justicia

Arraiján atraviesa una de sus peores crisis institucional de la administración municipal, producto del escándalo de corrupción que involucra a la máxima autoridad del distrito, Pedro Sánchez Moró, por la presunta comisión de delito contra la administración pública, en perjuicio de la comuna del distrito de Arraiján. Lo que motivó que la fiscalía tercera anticorrupción del Ministerio Público a cargo de la Fiscal Lizzi Bonilla solicitara el llamamiento a juicio de este alto funcionario.

No obstante, durante todo este proceso de investigación por parte de las autoridades judiciales hemos observado un silencio sepulcral por parte del Consejo Municipal de Arraiján, quienes están obligados a fiscalizar, según la Constitución Política de Panamá, Capítulo 2° del régimen municipal en el artículo 242, que determina la fiscalización de la administración municipal.

Razones por lo que los arraijaneños hemos tomado la iniciativa de exigir a los fiscales y jueces que cumplan con su deber de administrar justicia, a fin de determinar cualquier tipo de indicio de delito que atente contra las arcas municipales, que son los dineros del pueblo, y que le caiga todo el peso de la ley a quienes se les compruebe que hayan abusado de su poder para robar los dineros del pueblo.

Hemos observado por parte de autoridades una actitud omisiva, como lo ha sido también la autoridad nacional de transparencia y acceso a la información, que la dirige Angélica Maitín, quienes deben de velar por la transparencia, y, sin embargo, en este escándalo de corrupción su voz ha sido intermitente. No obstante, como arraijaneño y miembro del Proyecto 2000 de Arraiján, hemos llevado una lucha contra el combate a la corrupción por más de 20 años de manera voluntaria y continuaremos realizando nuestra labor por la transparencia de la cosa pública.

Nuestro compromiso no claudicará, pese a las amenazas e intimidación que estamos siendo objeto, por exigir justicia.

* Comunicador social y Voluntario de los Derechos Humanos