La Comisión 20 de Diciembre fue creada en el 2016, con el objetivo de esclarecer el número e identidad de las víctimas de la intervención norteamericana de 1989 en nuestro suelo, así como determinar las violaciones a la normatividad internacional que implicó.
A fin de que pueda concluir su cometido, se le ha prorrogado su vigencia varias veces, pero su retraso también se ha debido a dificultades económicas y técnicas. En reciente Informe divulgó que a la fecha ha logrado un registro de víctimas de 236 personas ya verificadas y 206 en investigación de sus restos. En el 2025 ha entregado 10 restos identificados a sus familiares.
De estos últimos, destacamos a Alejandro Antonio Hubbard Torrero, quien para 1989 contaba con 24 años y era estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá. El vehículo en el que se encontraba en el cruce de El Chorrillo fue objeto de ataque, esa noche, por una tanqueta del ejército norteamericano.
A 36 años de la invasión, aún no se dilucidan las cifras e identidades finales de las víctimas. Los números difirieron desde el principio: en 1990, el Comando Sur habló de 557 panameños muertos; Panorama Católico, de 655; la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, de 3,000; Ramsey Clark (exprocurador de EU), de más de 7,000. Organismos de derechos humanos independientes calculábamos no menos de 2000, dados los testimonios de médicos hospitalarios, de enterradores de cementerios, de refugiados de El Chorrillo y otros (Cfr. Turner, Anayansi. “Los muertos de la invasión: ¿Cuántos y quiénes son, dónde están?”, El Siglo, 21 de diciembre de 2021).
En cuanto al otro cometido de la Comisión 20/12, resaltamos las resoluciones de tanto Naciones Unidas como OEA que condenaron la invasión como transgresora de la normatividad internacional. Y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, emitió su informe en el 2018, en el caso José Salas y Otros -vs- Estados Unidos (representativo de 272 víctimas), donde reconoce la agresión norteamericana como violatoria del derecho internacional y de los derechos humanos e insta a EU a hacer las reparaciones correspondientes, adoptando medidas de compensación económica a los afectados.
Urge que el gobierno nacional dé todo el apoyo económico requerido a la Comisión 20/12, para cumplir su labor, que se le otorgue una duración indefinida y un local decoroso donde operar, pues la identificación de nuestros mártires caídos y del fundamento de derecho para las reclamaciones forma parte del rescate de nuestra memoria histórica y del proceso de reparaciones que ya debe concretarse.
Abogada y catedrática universitaria
