Alternativa

Aporte para el ‘diálogo’ sobre libertad de expresión (segunda parte)

Volviendo al tema de la libertad de expresión, si el Gobierno está tan seguro en su postura de que aquí ‘hay libertad de expresión’ y ‘no se persigue’, entonces no tendrá temor de someterse a un examen para que alguien imparcial pueda decirnos si las llamadas a periodistas y a dueños de medios para presionar contra quienes expresan sus pensamientos e informaciones no son parte de las presiones indirectas que ya han sido analizadas en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Allá se ha dicho, por ejemplo, que según el artículo 13.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ‘no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos’, lo que se entiende como cualquier medio encaminado a ‘impedir comunicación y la circulación de ideas y opiniones’. La ‘jurisprudencia interamericana ha condenado en distintas decisiones la adopción de medidas estatales que constituyen medios indirectos de restricción de la libertad de expresión. Así, por ejemplo, ha condenado […] el uso arbitrario de las facultades de regulación del Estado cuando este ha sido utilizado para iniciar acciones intimidatorias contra las directivas de un medio de comunicación, […]’.[1]

Si el Gobierno no teme que se investigue imparcialmente si existen o no presiones directas e ‘indirectas’ contra la libertad de expresión, entonces no debe temer formular la invitación al Relator, de inmediato. Él investigará si es cierto o no la campaña contra periodistas que las autoridades no investigan, despidos por entrevistar a personas críticas al Gobierno, presencia de hombres armados intimidando a columnistas (y que eso no se investigue), demandas penales consumadas unas, y que se mantienen estacionarias, otras, como elementos de intimidación, la no renovación de contratos y despido de funcionarios que criticaron al Gobierno en medios.

De igual, él investigará si se han controlado medios impresos adquiridos por compra, tras una serie de presiones a los dueños, si la expulsión del país de dos periodistas obedeció o no a otra de esas presiones indirectas contra la libertad de expresión. También investigará si los despidos de periodistas de EPASA no obedecieron a presiones del verdadero dueño del nuevo medio, luego de que estos periodistas criticaran el poder gubernamental e indagará también si las visitas de entidades fiscalizadoras a medios de comunicación críticos a su gestión, caen o no en la categoría de presiones indirectas, tal como los Derechos Humanos lo han conceptuado.

El autor es abogado y catedrático universitario.