La captura de Brian Antonio Blanco Román, ciudadano nicaragüense señalado como principal sospechoso del femicidio de una profesora en Panamá, ya es un hecho confirmado por las autoridades. Sin embargo, el debate se centra ahora en el lugar donde se llevará a cabo su proceso judicial, pues la Constitución de Nicaragua prohibe la extradición de sus nacionales, lo que abre la posibilidad de que sea juzgado en Managua y no en Panamá.

Blanco fue detenido el jueves 19 de junio en territorio nicaragüense por agentes de Interpol, tras permanecer prófugo desde el 27 de mayo, día en que se descubrió el cuerpo sin vida de Bienvenida Pérez, de 47 años, dentro de una nevera en un apartamento de alquiler ubicado en el distrito de Chame, Panamá Oeste.

El caso conmocionó a la sociedad panameña por la crueldad del asesinato, que, según la investigación, tuvo un móvil pasional.

Pese a que Panamá había solicitado cooperación internacional para localizar y capturar a Blanco, la extradición del sospechoso es un asunto complejo debido a las normativas vigentes en Nicaragua.

El artículo 39 de la Constitución Política nicaragüense establece claramente que no se concederá la extradición de nacionales, incluso cuando estén implicados en delitos comunes.

Este marco legal implica que, aunque Panamá haga la solicitud formal, Blanco podría no ser entregado y, en cambio, enfrentar un proceso judicial en Nicaragua por el delito de femicidio. La legislación penal nicaragüense contempla penas severas para este tipo de crímenes, incluyendo la posibilidad de prisión perpetua revisable, conforme al artículo 35 de la Constitución.

Hasta ahora, las autoridades nicaragüenses no han emitido un pronunciamiento oficial sobre si aceptarán o rechazarán la extradición.

Mientras tanto, las autoridades de Panamá y Nicaragua deberán trabajar en coordinación para asegurar que el acusado enfrente la justicia, independientemente de dónde se lleve a cabo el juicio.