El millonario botín de joyas les duró poco: ahora están tras las rejas

Seis personas, entre ellas cuatro menores de edad, fueron sometidas a detención preventiva tras su presunta vinculación con un robo agravado cometido contra una joyería ubicada en el centro comercial Los Andes, en el distrito de San Miguelito.

La decisión fue adoptada por un juez de garantías, quien decretó la medida cautelar por un periodo de seis meses para los dos adultos implicados, mientras que para los cuatro adolescentes se estableció una detención preventiva de nueve meses.

De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, el hecho se registró el 1 de junio de 2026, aproximadamente a las 5:45 p. m., cuando se produjo una situación de pánico dentro del centro comercial tras escucharse sonidos similares a detonaciones.

En medio del caos, los imputados habrían ingresado a la joyería, utilizando bolsas con piedras de gran tamaño para romper las vitrinas y sustraer prendas valoradas en aproximadamente 100 mil dólares, según los informes oficiales.

Posteriormente, los sospechosos huyeron del lugar a bordo de un vehículo tipo sedán, el cual abandonaron minutos después para continuar la fuga a pie hacia la barriada Los Andes #2, donde finalmente fueron aprehendidos por unidades policiales.

El subcomisionado Saúl Sánchez indicó que las detenciones son resultado de un trabajo coordinado entre la Policía Nacional y el Ministerio Público, en el marco de operativos de intervención focalizada desarrollados en San Miguelito.

“Estas decisiones judiciales son producto de las investigaciones y acciones operativas desarrolladas de manera conjunta”, señaló el oficial, al destacar la rápida respuesta tras el hecho delictivo.

Las autoridades confirmaron que durante el proceso de judicialización se lograron legalizar las aprehensiones e imputar cargos a los seis implicados, tanto en la jurisdicción ordinaria como en el sistema penal de adolescentes.

El Ministerio Público sustentó las solicitudes de detención preventiva en la gravedad del delito, el riesgo de fuga y el peligro para la comunidad, debido a que el hecho ocurrió en un espacio público y de alta concurrencia.

También se consideró la posible afectación de los medios de prueba, así como la forma en que se ejecutó el robo, en el que presuntamente se utilizó un artefacto para generar caos y facilitar la sustracción de mercancía.

La Procuraduría General de la Nación reiteró su compromiso de continuar con investigaciones objetivas y de ejercer la acción penal en los casos que correspondan, conforme a la Constitución y la ley.