‘A Waked no se le protegió su estado de inocencia ni su seguridad jurídica', sostienen abogados

Abogados consultados coinciden que el desmantelamiento de las empresas de Grupo Wisa durante la administración del entonces presidente de la República Juan Carlos Varela fue una acción con fines políticos, y que careció de legalidad.

Otra pista de esta maniobra salió a relucir en los Varelaleaks, en las filtraciones del entonces presidente Juan Carlos Varela y miembros de su gabinete.

De las publicaciones se rescata una cita que ilustra el caso Waked: ‘Esto ocurre cuando una persona muy cercana al entonces presidente le advierte que debe actuar con prudencia y mano fría con los ‘americans' por el manejo de las relaciones entre Panamá y China. La persona está asombrada y no puede creer que los estadounidenses ‘se hayan portado tan patanes' en este tema. Por un momento se imagina cómo sería ‘si sale lo que le han hecho a Waked. ¡Dios mío! que escándalo casi acaban con el trabajo y el sustento de miles de familias. ¿Qué piensan?', se pregunta, Y, se responde a sí misma: ‘que esto es un juego de monopolio'.

En ese momento Varela dijo que se había ido de frente contra el grupo económico. Lo hizo, sin embargo, sin una evidencia judicial que corroborara la existencia de delitos de narcotráfico y blanqueo de capitales.

Reacciones

Juan Carlos Araúz, presidente del Colegio Nacional de Abogados, está convencido de que el Estado le incumplió al empresario al no proteger su estado de inocencia y su seguridad jurídica.

Araúz advierte que cuando una autoridad hace lo contrario a sus obligaciones constitucionales, se pone en contexto qué intereses motivan su comportamiento. Sin embargo, cuando se trata del presidente, las consecuencias son graves porque representa al Estado, la contraparte de un inversionista.

‘Cuando se produce este tipo de desequilibrio en las relaciones inversionista - Estado, este último debe responder por los actos arbitrarios y abusivos', subrayó el abogado.

Por su parte, José Alberto Álvarez, cuatro veces presidente del mismo gremio de Araúz, considera que todas las acciones que se emprendieron contra el empresario estaban dirigidas a quitarlo de en medio para beneficiar a otros.

‘Definitivamente la idea era quitarle sus negocios y restarle la competitividad que mantenía en los diferentes mercados', expresó.

A juicio de Álvarez, era una lucha de poderes económicos en la que el entonces presidente, en componenda con el sistema de administración de justicia, hicieron su parte para quitar de en medio a Waked.

El empresario debe interponer las denuncias penales correspondientes para que se castigue a quienes resulten responsables de las acciones en su contra. ‘Hubo empresarios perjudicados con las acciones del expresidente'.

Gilberto Boutin, presidente del Movimiento de Abogados Gremialistas (MAG), indicó que lo ocurrido al empresario no fue más que un acto político divorciado de toda legalidad internacional. No se puede despojar a un individuo de su fortuna sin pruebas de un supuesto delito. ‘Fue un acto de fuerza desprovista de toda legalidad internacional', reiteró.

Los únicos beneficiarios de la debacle del grupo son quienes aparecen como nuevos dueños de las empresas de Waked, concluyó Álvarez.