Viven en penurias

La vida de Ofelia González cambió desde el 2006, cuando en la búsqueda de una cura para un simple resfriado bebió, junto con tres miembros más de su familia, el expectorante sin azúcar de la Caja de Seguro Social que estaba contaminado con el tóxico dietilenglicol.

Su estado de salud es un calvario. Desde esa fecha sufre de problemas gástricos, fiebres, resequedad en la piel y en sus labios, dolores en los huesos y hasta su salud bucal ha desmejorado.

González señaló que a pesar de ser una profesional, sus recursos se ven disminuidos, porque son muchos los gastos de transporte, alimentos especiales y medicinas que tiene que consumir. Al mes gasta más de 300 dólares para atender su enfermedad.

NO HAY BUENA ATENCIÓN MÉDICA

A causa de las condiciones de las personas afectadas, la CSS instauró un mecanismo para atender a personas como Ofelina, con solo presentar un carné que hasta la fecha no le ha funcionado. ‘Hay que esperar como cualquier otro paciente’, manifestó la afectada.

Asegura que a pesar de sus dolencias la animan otras víctimas quienes, al igual que ella, pasan momentos difíciles por que las autoridades los han olvidado. ‘Hay muchos compañeros en cama, otros usan pampers, tienen condiciones económicas difíciles, y a pesar de ello siguen luchando, esto me alienta a no decaerme’.

Similar experiencia vive Martha Hernández de 62 años, quien reside en Tocumen. El dietilenglicol la obliga a utilizar un bastón que la ayude a sostener sus pasos. Explica que su padecimiento la hace ir mucho al médico, por lo que incurre en gastos de transporte y medicamentos, que no hay en las farmacias de la CSS.

Rufino Cerrud, de 73 años, reside en Fátima, San Miguelito. Tres veces a la semana asiste al Hospital Susana Jones para su tratamiento de hemodiálisis, lo que le representa un gasto en transporte de 72 dólares mensuales.

Utiliza los medicamentos que le da la CSS, pero cuando se agotan, tiene que comprarlos, aunque sus ingresos están limitados a una pensión de jubilación.

RESPUESTAS PARA LOS AFECTADOS.

Son 305 las víctimas que oficialmente el Instituto de Medicina Legal registra como afectados por el tóxico, otras mil 250 siguen esperando a ser diagnosticados, sin embargo, hay un número indeterminado de víctimas que no han denunciado sus casos por temor a represalias por ser funcionarios del Estado, mientras otros no quieren sufrir el estigma de este mal.

Gabriel Pascual, del Comité de Familiares por el Derecho a la Salud y la Vida, aboga por una pensión vitalicia de mil 500 a dos mil 500 dólares para que los pacientes tengan una mejor calidad de vida.

Según Pascual, hay miles de afectados con condiciones y necesidades distintas, sufren enfermedades renales, neurológicas y problemas gástricos, lo peor de su padecimiento es que la mayoría no cuenta con los recursos económicos para su transporte, alimentación y sus medicinas, muchos de sus tratamientos, tienen un precio de 80 y hasta 100 dólares mensuales.

Pascual agregó que muchas de estas personas por sus condiciones de salud no pueden trabajar y hay casos que necesitan del cuidado permanente de otra persona.

La Asamblea aún no ha discutido el proyecto de la pensión vitalicia.