Varela abusó del poder con Decreto 331, dice transportista

El problema cada vez más crítico entre las autoridades y los gremios de transporte selectivo, está llegando a un punto crítico en medio de la crisis económica ocasionada por la pandemia.

Según el dirigente de la Central Nacional de Trabajadores de Panamá (CNTP), Gilberto Atencio, ‘es una gran irresponsabilidad de parte del Gobierno, porque cada vez hay más carros particulares haciendo el trabajo que corresponde por ley a quienes tienen un certificado de operación'.

‘Esto podría desembocar en un caos social en Panamá de un momento a otro, porque son 104 mil transportistas que junto a sus familias dependen de su trabajo, lo que hay que hacer es deponer intereses porque esto ha caído en una lucha social de poderes económicos que consideran que el 3 % de la economía es de ellos', indicó el dirigente.

Antecedentes

El 14 de mayo de 2017, el entonces presidente de Panamá Juan Carlos Varela, advirtió a los taxistas que les quitaría el certificado de operación si apelan al bloqueo de las calles para protestar en rechazo a Uber.

De acuerdo con Atencio, el presidente Varela promulgó un Decreto que otorgaba un permiso a Uber, y que posteriormente fue declarado inconstitucional porque violó la Ley del transporte y el propio fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Álvaro Muñoz, abogado del gremio de transporte selectivo, señaló que hay una demanda por abuso de autoridad contra Varela, ya que en octubre de 2017 contraviniendo la ley 14 de 1993 y 34 de 1999 que regulan el transporte público de pasajeros.

Muñoz agregó que el Decreto 331 promulgado por el expresidente Varela no solo le dio derecho a operar sino que le dio la posibilidad en el Ministerio de Comercio (Mici) de abrir un aviso de operación para prestar el servicio.

Rafael Reyes, dirigente de la Cámara Nacional del Transporte (Canatra), dijo que actualmente se sigue con la competencia desleal de las plataformas exctranjeras, ‘los taxis son cada vez más desplazados por carros particulares que no cuentan con los requisitos ni características exigidos por la ley, si la empresa extranjera Panama Ports Company exigió la seguridad jurídica, ¿donde está la seguridad jurídica de nosotros que somos panameños?'.

‘Varela abusó del poder con el Decreto 331 que concedió beneficios a la plataforma Uber (...) enviaremos mañana una carta al presidente Cortizo con el objetivo de buscar una solución justa', puntualizó Reyes.