Universidad de Panamá: Presentan querella penal por presunto fraude en elecciones
El director de campaña de la excandidata a rectora Migdalia Bustamante presentó una querella penal ante el Ministerio Público
- viernes 10 de julio de 2026 - 5:00 PM
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Agrega El Siglo en Google ↗️La batalla por la rectoría de la Universidad de Panamá (UP) llegó al Ministerio Público (MP). El director de campaña de la excandidata a rectora, Migdalia Bustamante, presentó una querella penal por presunto fraude electoral contra integrantes del Organismo Electoral Universitario (OEU) y el director del Departamento de Información y Tecnología (DITIC), por supuestas irregularidades durante las elecciones del pasado 1 de julio de 2026.
Los señalados en la querella son el presidente del OEU, Rufino Fernández; Alicia Flores; Iván Ortega; Saulo Aizprúa; Yamilka Polo; Edgar A. Polo; Karielis Aguilar y Javier Bazán.
Según la denuncia, el proceso electoral habría estado marcado por una serie de situaciones que, a criterio de los querellantes, pudieron afectar la transparencia y legitimidad de los comicios.
Entre los señalamientos se mencionan la presunta exclusión de estudiantes del padrón electoral definitivo, diferencias entre los registros físicos y digitales de votación, retrasos en la divulgación de resultados oficiales y posibles alteraciones en actas de escrutinio.
La representación legal solicitó al Ministerio Público iniciar una investigación por presuntos delitos relacionados con la seguridad jurídica de los medios electrónicos, incumplimiento de deberes de servidores públicos y comisión por omisión, entre otras figuras contempladas en el Código Penal.
Como parte de las diligencias, la querella pide realizar peritajes forenses a los servidores informáticos de la Universidad de Panamá, preservar toda la evidencia digital, levantar el secreto bancario de los querellados y ordenar la inmovilización cautelar de bienes y cuentas bancarias hasta por $212 mil.
Este monto corresponde a la reclamación civil presentada por la campaña de Bustamante por presuntos daños materiales y morales derivados de los hechos denunciados.
Además, la Universidad de Panamá fue incluida como tercero civilmente responsable, bajo el argumento de que las supuestas irregularidades habrían sido cometidas por funcionarios durante el ejercicio de sus cargos y utilizando recursos tecnológicos de la institución.
