- sábado 19 de julio de 2025 - 12:00 AM
La solicitud del Gobierno para disolver al Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) ha provocado una ola de reacciones encontradas en el país.
Por un lado, el equipo legal del sindicato denuncia una persecución política orquestada desde el poder. Por el otro, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, respalda la decisión de su homóloga del Ministerio de Trabajo, asegurando que busca “defender la institucionalidad democrática del país”.
En una conferencia de prensa, el abogado Rolando Murgas Torraza aseguró que el sindicato está preparado para responder en el terreno legal. “Tenemos suficientes dirigentes para dar la cara. Vamos a enfrentar esta arremetida con todas las armas que nos da la ley”, advirtió.
El equipo jurídico del Suntracs recordó que ya existen denuncias contra el Estado panameño ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT, y que esta nueva acción se suma a ese expediente.
Chapman insistió en que la justicia debe ahora definir el curso del proceso, reiterando el compromiso con el estado de derecho.
La Cámara Panameña de la Construcción (Capac) intentó calmar las aguas, aclarando que la convención colectiva 2022–2025 sigue en vigor y que las condiciones laborales de los trabajadores no se modificarán.
La ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, defendió la medida anunciada el pasado jueves, asegurando que está basada en un análisis jurídico y técnico del Código de Trabajo. Señaló que, bajo la fachada de una organización sindical, se habrían cometido actos reiterados de extorsión, violencia, estafa, abuso de poder y uso indebido de recursos.
Las denuncias del Suntracs por persecución política se intensificaron desde mayo, cuando varios de sus principales dirigentes fueron implicados en investigaciones por presunto blanqueo de capitales y otros delitos.
Actualmente, su secretario general, Saúl Méndez, está asilado en la Embajada de Bolivia. Erasmo Cerrud permanece en la Embajada de Nicaragua; Jaime Caballero está recluido en la cárcel La Joya, y Genaro López cumple arresto domiciliario.
Este último fue enfático al rechazar las acusaciones. Afirmó que carecen de sustento legal y denunció un intento deliberado por fragmentar al gremio, considerado históricamente incómodo para los distintos gobiernos.
