- sábado 28 de febrero de 2026 - 12:00 AM
Usuarios y miembros de la sociedad de transporte Servicios de Mujeres Transportistas de Veraguas S.A. (SE.MU.TRA.VE.S.A.), donde su principal proponente es Migdalia Urrea Ábrego, piden la recuperación de la ruta urbana San Antonio–Terminal desde 2005 hasta la actualidad.
Realizaron un nuevo encuentro el pasado 8 de marzo de 2025, en Santiago de Veraguas, con gestiones administrativas, denuncias legales y la presentación de un anteproyecto de ley, por el cobro excesivo del pasaje y la falta de sanciones.
Estas fueron las principales demandas expuestas durante una reunión sostenida en el despacho de la Hildel Marta Riera, dentro del Día Internacional de la Mujer.
Durante el encuentro, los representantes del sector transporte recordaron que el proyecto de la ruta Urbanización San Antonio–Terminal fue presentado formalmente ante la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) en el año 2005, sin que hasta la fecha se haya dado una respuesta efectiva. Ante la falta de atención, los afectados recurrieron a diversas instituciones del Estado, incluida la Defensoría del Pueblo, durante el periodo comprendido entre 2005 y 2009.
Migdalia Urrea Ábrego señala a El Siglo que, gracias a gestiones realizadas por la actual gobernadora, quien ocupaba cargos públicos durante el gobierno de Ricardo Martinelli, se logró en su momento una cita con el entonces director de Tránsito, Arturo Fábrega, lo que permitió la realización de un estudio técnico que determinó la necesidad urgente de establecer la ruta urbana para la comunidad de San Antonio.
No obstante, explicaron que en el gobierno de Juan Carlos Varela la ruta fue asignada a las prestatarias El Espino y Atalaya, pese a que estas habrían desatendido la zona por más de 13 años. La asignación se concretó el 18 de diciembre de 2018, coincidiendo con la inauguración de un proyecto multifamiliar en la urbanización, situación que, según los denunciantes, dejó nuevamente sin protección a los usuarios.
Desde entonces, ambas prestatarias mantienen una tarifa de B/.0.60, a pesar de que la ATTT regula el pasaje urbano en B/.0.40. Los usuarios sostienen que se trata de la ruta urbana con menor kilometraje en Santiago y, paradójicamente, la más costosa, lo que ha generado una afectación directa a la economía familiar de residentes y trabajadores.
En la reunión más reciente, realizada en presencia del director de Tránsito, Juan Aguirre, los representantes de SE.MU.TRA.VE.S.A. reiteraron la solicitud de recuperación de la ruta y denunciaron una presunta falta de imparcialidad por parte de la ATTT, al no aplicar sanciones a las prestatarias, pese a lo establecido en el artículo 28 de la Ley 14, que contempla sanciones e incluso la salida de la zona de operación cuando se comprueba el alza ilegal del pasaje.
Ante el agotamiento de las gestiones administrativas y legales que incluyeron la Presidencia de la República, la Asamblea Nacional, el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Justicia, la Defensoría del Pueblo y la ANTAI , los transportistas fueron invitados a participar en la formulación de un anteproyecto de ley presentado por el diputado Edwin Antonio Vergara, el cual solo alcanzó primer debate antes de ser archivado.
A raíz de esta experiencia, el grupo decidió impulsar nuevamente una reforma a la Ley 14 de 26 de mayo de 1993 y sus modificaciones posteriores, proponiendo cambios a los artículos 27, 28, 36, 48, 52 y 53. De manera específica, el artículo 27-C plantea la creación de una nueva “Prestataria Mixta”, que reservaría el 20 % de los certificados de operación para mujeres, a nivel nacional y en todas las modalidades del transporte.
La promotora de la iniciativa explicó que el 21 de octubre de 2025 acudió a Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional de Panamá para recibir asesoría sobre el proceso, y que el 13 de enero de 2026 presentó formalmente el anteproyecto, con el objetivo de generar empleo, equidad de género y mayor transparencia en el sector transporte.
Migdalia Urrea Ábrego, informó que este miércoles viajará a la ciudad de Panamá junto a un abogado para verificar el avance del anteproyecto, mientras reiteró el llamado a las autoridades para que actúen con firmeza, imparcialidad y apego a la ley, en defensa de los derechos de los usuarios y de quienes, aseguraron, cumplen con el marco legal para prestar el servicio de transporte público.
