Sigue el clamor de los afectados por el  'jarabe de la muerte'

Dieciséis años han pasado. Los clamores de justicia todavía se escuchan, han habido muertes, personas han quedado con secuelas. Todo esto, por el maldito jarabe dietilenglicol.

Todos los años los afectados hacen protestas para que las autoridades cumplan con las promesas, ya que el jarabe no les ha permitido llevar una vida plena y saludable.

Las autoridades tienen un gran compromiso con esta población que  ingirió en el 2006 el jarabe envenenado.

Funcionarios del Ministerio de Salud (Minsa), Defensoría del Pueblo, Caja de Seguro Social (CSS) y Procuraduría General de la Administración se reunieron este martes con Gabriel Pascual, presidente de la Asociación de Familiares del Dietilenglicol y una comitiva de estos.

La reunión se realizó para solventar los nudos que tienen atadas las certificaciones pendientes de muchos de los pacientes que las esperan.

El encuentro estuvo presidido por Orlando Carrasquilla, subdirector de Asesoría Legal del Minsa, quien destacó que buscan solucionar la situación que atraviesan estas personas.

Sobre el particular, Pascual señaló que “se buscan puntos de acuerdo para solucionar las afectaciones por dietilenglicol, las certificaciones, ya que durante estos 16 años es significativo calmar y dar respuesta a los afectados, pero deben cumplir con las evidencias”.

Para el representante de los afectados las evidencias son: primero la ingesta del jarabe que causó la toxicidad, que de 2004 a 2006 no contenía azúcar, ya que el evento estalla en 2006, pero tiene un antecedente, en este momento no debe haber menores de edad afectados, pues los afectados deben estar en su mayoría de edad; luego de la ingesta debe haber una afectación dentro de su organismo además de la psicológica.

Se informó que la comisión evaluadora bajo la responsabilidad del Minsa desarrolla la investigación y de la misma han salido varios consensos junto a las demás autoridades para buscar una salida a este problema.

Dicen que se ha presentado una propuesta tendiente a dar más agilidad al tema de los criterios, ya que la Ley 12 de 2015 establece un solo criterio, de igual manera se abordó el tema de los manejos de los expedientes y cómo deben llegar a la Comisión para realizar una evaluación transparente que dé respuesta a los afectados.

Pascual manifestó que lo que se busca es aclarar los criterios en relación con las certificaciones.

$800 es la pensión vitalicia que reciben mil 80 afectados por el jarabe maldito.

LEE TAMBIÉN: 

**

**