Se suele escuchar que los niños aprenden rápido, pero poco se habla de que esta capacidad no distingue entre lo beneficioso y lo perjudicial. A medida que crecemos, construimos nuestra realidad con base en el entorno que nos rodea. Durante la infancia se dan etapas críticas del desarrollo cerebral que influyen en gran medida en cómo funcionaremos en la adultez. Aunque la posibilidad de cambio siempre existirá, la evidencia científica demuestra que las experiencias adversas vividas durante etapas tempranas pueden afectar el desarrollo neurobiológico y tener consecuencias en la vida adulta. Quizás por eso, si deseamos entender una conducta, fortaleza o debilidad actual, algunas respuestas debamos buscarlas años atrás.
Dicho esto, no puedo evitar pensar en la realidad de los niños, niñas y adolescentes panameños que crecen en entornos donde sus derechos son vulnerados. Ante estas situaciones, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF) brinda medidas de protección como el acogimiento en albergues. La propia entidad señala que su objetivo es garantizar sus derechos mientras permanezcan en estos centros; pero surge una pregunta inevitable: ¿realmente se está cumpliendo este objetivo?
Desde hace años han salido a la luz graves hechos dentro de estas instalaciones. En 2021, el Ministerio Público investigó casos relacionados con maltrato y delitos sexuales, que dieron lugar a imputaciones y condenas. Lejos de ser un episodio trágico y aislado, a inicios de 2026 surgieron nuevas denuncias por presuntos delitos de abuso sexual, maltrato al menor e incumplimiento de deberes de servidores públicos, esta vez en el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen, señalamientos que aún permanecen bajo investigación.
Cada día que pasa sin una intervención oportuna representa una oportunidad perdida para que los afectados construyan un mejor futuro, perpetuando las dificultades ya enfrentadas y generando, paradójicamente, una revictimización institucional por parte de quienes deberían protegerlos.
