‘Según auditorías, no hubo delito en Ciudad Hospitalaria'

Auditores de la CSS encontraron 32 supuestas anomalías, que la pasada administración rechaza y dice que no son tal
  • martes 25 de diciembre de 2018 - 12:01 AM

ENTREVISTA

La construcción de la Ciudad Hospitalaria, cuyo costo inicial fue por un monto de $587.5 millones, fue planificada para durar 150 años, incluyendo posibles ampliaciones futuras, según el exsubdirector de la Caja de Seguro Social (CSS), Marlon De Souza.

‘Un miembro de la Junta Directiva que representa al sector empresarial, solicitó analizar si la institución tenía o no los fondos contra avance de obra y, en tal caso, cuál sería el ahorro que tendría el Estado, de suscribirse una adenda con la empresa constructora de la Ciudad Hospitalaria para pagarle contra avance de obra', explicó De Souza.

De acuerdo con el abogado, ‘la empresa constructora respondió que se descontaría del monto [587.5 millones de dólares], $68 millones por la ya citada construcción. Sin Embargo, el director general de la CSS, Guillermo Sáez Llorens, le envió una nota a la empresa FCC, constructora del proyecto, preguntándole a sus directivos si se podía redondear a $70 millones dicho descuento, ellos accedieron y se suscribió una adenda para disminuir el costo, pasando entonces el costo total de la obra a $517.5 millones'.

Se acordó entonces que a la empresa se le pagaría contra avance del proyecto.

Una segunda adenda de tiempo fue suscrita entre la Junta Directiva de la CSS y la constructora, porque se tomó en cuenta el flujo de alimentos, las personas (pacientes y visitantes) y funcionarios que trabajan en un hospital, para que todos los servicios dados por el centro médico no pasaran por los mismos pasillos por donde caminaban los visitantes, sino que uno fuera subterráneo. ‘Pero, esa adenda fue de tiempo y no de dinero', recalcó De Souza.

‘Dos de las 32 mal llamadas irregularidades, supuestamente encontradas por funcionarios de auditoría interna de la institución, era de que no existían planos y la otra de que se comenzó la obra sin que se hayan traspasado formalmente los terrenos a nombre de la institución', sostuvo el exsubdirector.

‘Sobre la supuesta falta de planos, demuestra una total ignorancia y mala fe de los funcionarios de auditoría interna de la CSS, pues el proyecto se denomina Fast Track, significa que los planos se van confeccionando a medida que se va avanzando en la obra, porque la edificación va a tener adecuaciones y modificaciones al paso de los años', reveló.

Respecto a la otra supuesta irregularidad, De Souza indicó que existe un documento formal por parte del Estado en que se había autorizado la donación del terreno estatal a la CSS, es decir, que no hay terceras personas que puedan impedir que la construcción se realice porque se trata de un trámite meramente burocrático que requiere la firma de varias instituciones del Estado.

Auditoría

Como resultado de la auditoría realizada por la Contraloría General de la República, a solicitud de la Fiscalía Anticorrupción, ‘se determina que la etapa precontractual se desarrolló conforme a lo establecido por la Ley 22 de Contrataciones Públicas de 2006 y la obra pactada en el Contrato número R-12-2011, se encuentra en proceso de construcción, y se mantienen vigentes las fianzas de anticipos y de cumplimiento. Además, el informe elaborado por funcionarios de la Dirección de Ingeniería de la institución, revela que los montos de avance físico reportado por el contratista en el renglón de diseño y construcción, así como los montos pagados, se ajustan a lo verificado en campo'.

El audito detalla que ‘la naturaleza del proyecto está bajo la modalidad ‘Fast Track', que se refiere al sistema de diseño y construcción de manera simultánea, por lo tanto, los trabajos de construcción se ejecutan en la medida que se van aprobando los diferentes planos constructivos que conforman el proyecto.

‘Al adicionarse las adendas 1, 2 y 3 al Contrato número R-12-2011, se disminuyó el precio original y se modificó la forma de pago de período de financiamiento, de cinco años a dos años, mediante cuenta de pago parcial', concluye el informe de auditoría de la Contraloría General.