Reformas mineras encienden el debate

Las consultas por las reformas del Código Minero, convocadas por la Asamblea Nacional, encendieron ayer la discusión con la presentación de una contrapropuesta por parte de los ambientalistas, quienes entregaron un anteproyecto de ley con el que exigen al Gobierno que declare una moratoria a la minería metálica a cielo abierto.

Los activistas de unas cinco agrupaciones ambientalistas entregaron el anteproyecto acompañado de unas 19 mil 700 firmas, con el que además solicitan al Ministerio de Comercio e Industrias que cancele todos los permisos y concesiones que se encuentren sin uso o estén siendo explotadas de forma ilegal.

Alida Spadafora, directora ejecutiva de la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza, señaló que Panamá es uno de los ocho países a nivel mundial con mayor biodiversidad. ‘Ni las instituciones, ni el marco jurídico del país están preparados para ser un país minero’, señaló.

La activista explicó que solo con el proyecto de Minera Panamá, ubicado en el distrito de Donoso, en Colón, el cual se espera que inicie operaciones dentro de unos tres años, se estarían deforestando de 5 a 6 mil hectáreas de bosque virgen.

El presidente de la Cámara Minera de Panamá (Camipa), Roberto Cuevas, señaló que es irresponsable de los ambientalistas pedir una moratoria. ‘Solo con la explotación de cerro Colorado, en la comarca Ngäbe Buglé y Minera Panamá, el Estado estaría recibiendo anualmente más de 200 millones de dólares en regalías para el país’, apuntó.

Cuevas propuso que dentro de las reformas se incluya que de estas ganancias se destine un 5% a un fondo especial para reparar los daños ocasionados por la minería, lo que sería alrededor de 25 millones de dólares al año.

Durante este primer día de consulta participaron, en el salón Azul de la Asamblea Nacional, 14 organizaciones entre ambientalistas indígenas, miembros de la Camipa y abogados, quienes expusieron sus inquietudes y propuestas ante la Comisión de Comercio.

Indígenas de la comarca Ngäbe Buglé cerraron un paño de la vía frente a la Asamblea Nacional. Rogelio Moreno, cacique general, señaló que si este proyecto es aprobado en tercer debate, demandarán al Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

‘La aprobación de este proyecto generará una crisis igual a la de Changuinola, no le tememos a la muerte, ella es nuestra compañera y lucharemos por nuestros derechos’, sentenció Moreno.

El ministro de Comercio e Industrias, Roberto Henríquez, dijo que no habrá moratoria y que este proyecto iniciará primer debate el próximo lunes.