Recortes y despidos estremecen la Unachi

Siete días después de que el contralor general Anel Flores advirtiera que la millonaria planilla de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) es insostenible y debía ser racionalizada, la institución comenzó a ejecutar una serie de medidas drásticas que incluyen recortes presupuestarios, eliminación de sobresueldos y desvinculación de personal administrativo.

Mediante un comunicado oficial emitido este 3 de julio de 2026, la rectoría confirmó un recorte presupuestario acumulado superior a los $34 millones entre 2025 y 2026, una cifra que la propia universidad calificó como “sin precedentes entre las universidades estatales de Panamá”.

El ajuste, según la institución, compromete de forma directa la sostenibilidad de las funciones sustantivas de docencia, investigación y extensión en la provincia de Chiriquí, encendiendo las alertas sobre el impacto operativo dentro del campus universitario.

El documento, firmado por el rector encargado Pedro González, detalla un paquete de medidas de austeridad que redefine la estructura interna de la universidad, con la eliminación de sobresueldos y gastos de representación asignados a las autoridades superiores, además de la desvinculación de personal administrativo.

Las medidas también alcanzan a decanos y directores de centros regionales universitarios, quienes pierden los gastos de representación, mientras que los cargos de dirección enfrentarán una reducción del 40% en sus sobresueldos. A esto se suma la revisión de la estructura organizacional, un proceso de reorganización interna y el congelamiento de acciones de personal, incluyendo nombramientos, reclasificaciones y licencias con sueldo.

Las decisiones ya generan reacciones. La aspirante a la rectoría Rosmery Hernández expresó su profunda preocupación y solidaridad con los funcionarios afectados y sus familias, quienes enfrentan momentos de incertidumbre tras la entrega de cartas de destitución a un número significativo de trabajadores administrativos.

Hernández cuestionó además la falta de claridad en los criterios utilizados para las desvinculaciones, al señalar que no se evidencia un proceso serio de evaluación institucional ni parámetros objetivos que sustenten las decisiones adoptadas, lo que, a su juicio, abre serias dudas sobre la transparencia y equidad del proceso.

En ese sentido, hizo un llamado a que estas medidas sean revisadas con absoluta transparencia y bajo estricto respeto al debido proceso.

El movimiento se produce bajo la presión de las advertencias previas del contralor Flores, quien fue enfático al señalar que no es sostenible que una universidad maneje una planilla de 85 millones de dólares en una sola provincia, insistiendo en la necesidad de racionalizar el gasto. A estas declaraciones se sumaron los llamados de la ministra de Educación, Lucy Molinar, quien durante una visita a la institución advirtió que se requieren “ajustes grandes” para enfrentar la profunda crisis financiera.

En medio de la crisis, la exrectora Etelvina Medianero de Bonagas presentó su renuncia el pasado 8 de junio, mientras la universidad avanza en el proceso para escoger a la nueva autoridad que completará el período rectoral 2023-2028, donde diez docentes aspiran al cargo.