¿Qué pasa con la mina? Moltó da la cara

El tema de la mina sigue generando controversia en algunos sectores del país, por lo que el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, compareció ayer ante la Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional (AN).

Moltó respondió un cuestionario de 17 preguntas relacionadas con la gestión del concentrado de cobre, la supervisión de la mina y los arbitrajes internacionales vinculados al proyecto Cobre Panamá, ubicado en Donoso, Colón.

Al ser consultado sobre la salida del material molido, el encendido de la planta termoeléctrica y la importación y exportación de carbón, el ministro explicó que todas estas actividades se realizan conforme al Plan de Preservación y Gestión Segura (PGS), aprobado mediante la Resolución No. 45 del 30 de mayo de 2025.

Según Moltó, estas medidas son estrictamente transitorias, no permiten la reactivación de operaciones mineras ni nuevas extracciones, y están bajo supervisión permanente del Estado.

Enfatizó que el encendido de la planta termoeléctrica y los movimientos de carbón responden a requerimientos técnicos del PGS y no implican operaciones mineras.

Fue claro al asegurar que reconocen que la Ley 407 del año 2023 prohíbe el otorgamiento de nuevas concesiones mineras, por lo que no se ha otorgado ninguna nueva concesión ni se ha reactivado ninguna.

En cuanto a las regalías, el funcionario indicó que están a la espera de información de la empresa para realizar el cálculo correspondiente, por lo que aún no se han cobrado las regalías que corresponden al Estado.

Señaló que han exigido a la empresa la entrega de la documentación e información comercial necesaria para permitir el cálculo, verificación y posterior cobro de las regalías por parte del Estado panameño.

Citó que se exportaron 130,834 toneladas de concentrado de cobre, pero que aún no se ha calculado el monto de las regalías.

Por el tema de la mina, se generaron protestas y cierres de calles a finales de 2023, tanto en la capital como en el interior del país; estas terminaron cuando el 27 de noviembre de 2023 la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucional la Ley 406 del 20 de octubre de 2023, que aprobaba el contrato ley entre el Estado panameño y la sociedad Minera Panamá, S.A.

Tras la declaración de inconstitucionalidad de la Ley No. 406, según Moltó se presentaron cuatro arbitrajes; tres están suspendidos por acuerdo entre las partes y uno fue desistido de manera definitiva, evitando reclamaciones millonarias contra el Estado.

El monto total inicial en estos procesos supera los $29,000 millones; sin embargo, hasta la fecha no se han emitido laudos en contra del Estado. Los honorarios del bufete internacional que representa a Panamá ascienden a más de $4.7 millones, suma que aún no ha sido desembolsada por motivos de programación presupuestaria.