Ayer, las calles de Panamá se convirtieron en un escenario de tensión y enfrentamientos debido al rechazo de los gremios sindicales a la Ley 462, que reforma la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social (CSS). Esta reforma, sancionada por el presidente José Raúl Mulino el 18 de marzo, desató protestas, cierres de calles y un paro de labores que afectó a los estudiantes.

A pesar de la advertencia de Mulino, quien aseguró que “quien no trabaja no cobra”, los docentes hicieron caso omiso y cumplieron su palabra: paralizaron las clases. Esta acción tuvo un impacto directo en las escuelas, donde se reportó una baja asistencia de estudiantes, a pesar de que el Ministerio de Educación (Meduca) había declarado que sí habría clases. Algunos centros educativos se vieron casi vacíos.

Ante esta situación, la ministra de Educación, Lucy Molinar, expresó que iba a atender a todos los estudiantes que llegaran a clases. Sin embargo, reconoció que varios padres se sintieron inseguros tras los rumores difundidos por “algunos grupos más extremos”, quienes comenzaron a propagar mensajes que generaron temor. “Muchos padres decidieron priorizar la seguridad de sus hijos, y eso es completamente respetable y entendible”, añadió Molinar.

Al mediodía, la sede de la Universidad de Panamá (UP) se transformó en un verdadero campo de batalla entre la Policía Nacional (PN) y los universitarios. Los manifestantes incendiaron llantas, desafiando el gas lacrimógeno lanzado por la policía.

En el enfrentamiento, los universitarios, que se cubrieron los rostros con mascarillas, no solo lanzaron piedras, sino que también utilizaron fuegos artificiales como armas improvisadas. El conflicto se extendió por horas, afectando tanto las clases en la casa de estudios como el tráfico en la zona. Incluso se escucharon detonaciones con arma de fuego, por lo que la PN resaltó que investigará al agente que hizo la advertencia para disuadir al grupo de protestantes en la vía Transístmica.

También docentes y obreros se concentraron en la iglesia del Carmen en la Ciudad de Panamá y marcharon hacia la Asamblea Nacional (AN).

La situación no se limitó solo a la capital. En La Chorrera, los manifestantes también se unieron a las protestas, mientras que en Colón la jornada comenzó con enfrentamientos violentos entre los manifestantes y la Unidad de Control de Multitudes de la PN. Como resultado de estos choques, el dirigente magisterial Alberto Díaz Ramos fue detenido.

Mientras la capital se convulsionaba, las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro también alzaron su voz. En Chiriquí, los manifestantes, tanto docentes, obreros como otros gremios, cerraron los cuatro carriles de la carretera Panamericana a la altura de la ciudad de David, provocando aún más caos en las principales vías de la región.

Además de las manifestaciones, el pasado jueves se presentó una demanda de inconstitucionalidad contra la nueva ley.

En medio de este clima de protestas, la Caja de Seguro Social emitió un comunicado anunciando que, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 462, los empleadores deberán pagar un 3% adicional, de forma escalonada, en la cuota que deben abonar. Desde abril de 2025 hasta febrero de 2027, los empleadores deberán abonar el 13.25% de los salarios de sus empleados, según el comunicado.

El director de la CSS, Dino Mon, ha explicado en reiteradas ocasiones que esta reforma no incluye un aumento en la edad de jubilación, ni ahora ni en el futuro, y que ese tema se tratará dentro de seis años.