Productos vencidos y evasión fiscal en operativo conjunto
- miércoles 14 de mayo de 2025 - 1:00 AM
La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) y la Dirección General de Ingresos (DGI) realizaron este martes un operativo conjunto en el sector de Cerro Batea, en el distrito de San Miguelito, como parte de una alianza estratégica impulsada por el Gobierno Nacional para fortalecer la fiscalización comercial y proteger los derechos de los consumidores.
Durante la jornada, las autoridades detectaron diversas anomalías, incluyendo más de 100 productos vencidos en comercios locales y el uso ilegal de cilindros de gas de 25 libras en una panadería del área, lo que representa un riesgo para la salud pública y la seguridad.
El operativo fue encabezado por el administrador general de Acodeco, Ramón Abadi Balid, quien subrayó que el trabajo coordinado con la DGI permite optimizar la vigilancia del cumplimiento de las normativas de consumo y facturación.
“Este esfuerzo conjunto busca garantizar productos seguros, precios visibles y condiciones adecuadas para los consumidores”, afirmó.
Por parte de la DGI, el jefe del Departamento de Recaudación, Ronald Santamaría, explicó que se verificó el funcionamiento correcto de cajas registradoras y equipos fiscales. En ese contexto, se detectaron múltiples infracciones como:
- Falta de certificados de métodos de facturación visibles.
- Facturas sin código QR o sin cumplir la normativa vigente.
- Equipos de facturación no autorizados.
- Clasificación errónea de productos para evitar el pago de impuestos.
“Estos hallazgos podrían derivar en auditorías más profundas y en la imposición de sanciones que van desde $500 hasta $25,000, dependiendo de la reincidencia. Incluso, la normativa contempla la posibilidad de cierre temporal del local en casos graves”, advirtió Santamaría.
Además, se identificaron comercios que presuntamente realizan venta de lotería clandestina, una práctica ilegal que también está siendo investigada por las autoridades.
El operativo forma parte de una estrategia nacional para reducir la evasión fiscal y proteger a los consumidores, alineada con directrices establecidas por el presidente José Raúl Mulino.