Productores de arroz denuncian violación a la ley por importaciones durante cosecha

En un comunicado difundido este jueves, los productores subrayan que la importación de 1.1 millones de quintales de arroz, se realizó en un periodo prohibido por ley
  • jueves 26 de junio de 2025 - 4:31 PM

Las asociaciones de productores de arroz, integrantes del Comité de la Cadena Agroalimentaria de Arroz, expresaron su rechazo a las recientes autorizaciones de importación que, según denuncian, ignoran las normativas vigentes y perjudican al sector nacional.

En un comunicado, los productores subrayan que la importación de 1.1 millones de quintales de arroz, aprobada el pasado 5 de junio, se realizó en un periodo prohibido por ley, ya que la Ley 47 de 2017 establece que no se pueden autorizar compras externas durante las fases de precosecha y cosecha. Además, sostienen que no hay justificación técnica ni comercial para dicha medida, pues los datos oficiales confirman una existencia superior a los 4.5 millones de quintales en inventario, suficiente para cubrir la demanda nacional hasta finales de año.

Aunque el encuentro contaba con quórum reglamentario y fue citado por el presidente del Comité, Camilo Mendoza, a los miembros se les impidió el acceso al edificio del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), lo que obligó a realizar la sesión en un área externa. Aun así, los representantes del sector reiteraron su oposición unánime a la medida de importación.

Los productores también alertaron sobre el inminente ingreso de un cargamento no autorizado de aproximadamente 462,000 quintales de arroz procedente de Uruguay, transportado en el buque Ananya Naree, cuya llegada al puerto de Cristóbal está prevista para el próximo 30 de junio. Este hecho, señalan, representa una clara violación de la ley y una amenaza directa a la producción local.

Ante este escenario, las organizaciones firmantes del comunicado exigieron a las autoridades competentes transparencia en los procesos y respeto absoluto a la institucionalidad, advirtiendo que las decisiones adoptadas al margen de la ley debilitan al sector agropecuario y comprometen la seguridad alimentaria del país.