Procuraduría admite denuncia penal contra rector de la UMIP por abuso de poder

La Procuraduría General de la Nación ha iniciado una investigación formal contra el rector y candidato impugnado a la rectoría de la Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP), Víctor Luna Barahona, tras admitir una denuncia penal interpuesta en su contra.

Los presuntos delitos incluyen abuso de autoridad, extralimitación de funciones del servidor público y abuso de poder, están relacionados con la destitución ilegal del presidente y la secretaría del Comité Electoral Universitario, el profesor Marco Vigil y la profesora Nilka Sandoval de Arosemena, ocurrida el pasado 31 de julio de 2024.

La denuncia penal, ya admitida por la Procuraduría, también señala transgresiones de los artículos 355 y 356 del Código Penal, que sancionan a los servidores públicos por actos arbitrarios e ilegales en el ejercicio de sus funciones. En este caso, se alega que la actuación de Luna Barahona constituye un claro ejemplo de abuso de autoridad e infracción de deberes, lo que podría acarrear sanciones legales significativas, incluyendo penas de prisión.

La controversia se centra en la decisión unilateral del rector Luna Barahona de cesar a ambos funcionarios, quienes no solo ostentaban fuero electoral, sino que además estaban protegidos por leyes especiales, como la Ley 62 de Carrera Administrativa Universitaria.

Según la denuncia, dicha acción ignoró tanto los procedimientos internos de recursos humanos como las normativas legales vigentes, lo que constituye una violación flagrante de los derechos de los afectados.

Previo a las destituciones, la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) emitió una cuestionada recomendación, sin carácter vinculante. A pesar de que estas recomendaciones no imponen obligaciones legales, el rector Luna Barahona utilizó este informe como justificación para su decisión, omitiendo las disposiciones legales que sí son obligatorias, como la creación de comisiones disciplinarias para resolver casos de esta naturaleza, como lo exige la Ley 62 de Carrera Administrativa Universitaria.

La destitución fue calificada de “arbitraria y ofensiva” por diversas voces dentro de la comunidad universitaria, quienes consideran que este acto no solo viola el fuero electoral y la categorización docentes, sino que además atenta contra los principios democráticos que deben regir en una institución educativa del nivel superior, máxime cuando la propia Antai recomendaba que se respetaran las normar internas de Recursos Humanos y Ley 62 de Carrera Administrativa Universitaria.

El 6 de agosto de 2024, los profesores Vigil y Arosemena presentaron un recurso de reconsideración ante la Dirección de Asesoría Legal de la UMIP, como parte de la vía gubernativa para revertir su destitución. Sin embargo, tras 60 días sin respuesta, se incurrió en un caso de silencio administrativo, lo que llevó a ambos a preparar acciones legales adicionales para continuar su búsqueda de justicia en instancias judiciales superiores.

Este no es el primer episodio de irregularidades en los procesos electorales de la UMIP. En 2018, durante el mandato del exrector Aladar Rodríguez Díaz, se destituyó a casi todos los miembros del Comité Electoral, generando acusación de manipulación y control indebido del proceso.

Lo irónico es que, en aquel entonces, el propio Luna Barahona se posicionó como un defensor acérrimo de la legalidad, condenando públicamente las acciones de Rodríguez Díaz y reuniéndose con sectores del ámbito marítimo para exigir justicia para esos miembros del comité electoral que él, en su mayoría, reintegro a la UMIP

Sin embargo, los hechos recientes revelan una aparente contradicción en el actuar del actual rector, quien ahora recurre a prácticas similares para consolidar su poder, según las denuncias.

Este giro ha suscitado fuertes críticas dentro y fuera de la universidad, generando un clima de incertidumbre y desconfianza en torno a la integridad de las elecciones y la transparencia institucional.

Frente a estos acontecimientos, diversos sectores de la UMIP han hecho un llamado a la comunidad universitaria para mantenerse vigilante y exigir el respeto a los derechos de los funcionarios electos.

La integridad y la transparencia son pilares fundamentales en cualquier institución, especialmente en una universidad que forma a futuros líderes del sector marítimo.

La justicia, según los denunciantes, debe prevalecer para restaurar la confianza en los procesos internos de la UMIP y garantizar que los principios democráticos no sean vulnerados. Este caso pone en evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y supervisión, tanto dentro de la universidad como en otras entidades públicas del país.