En medio de clases suspendidas por el paro de docentes, despidos masivos en Bocas del Toro y denuncias por uso excesivo de la fuerza en los cierres de calles, la Iglesia Católica alza la voz y pide no solo diálogo, respeto y que se escuche el clamor del pueblo.

En una conferencia, los miembros de la Conferencia Episcopal Panameña, el Comité Ecuménico y el Comité Interreligioso de Panamá, entre ellos monseñor José Domingo Ulloa, expresaron su preocupación por el clima de confrontación, y aclaró que se necesitan procesos auténticos de diálogo y encuentro.

“No es momento de imponer visiones unilaterales ni de responder a los conflictos con violencia. Es tiempo de escuchar el clamor del pueblo, abrir espacios donde se dé voz a quienes no la tienen y buscar salidas justas y sostenibles para todos”, resaltó

Las declaraciones de los líderes de la Iglesia se dieron tres días después de que dirigentes magisteriales acudieran a la Arquidiócesis de Panamá para pedir la intervención eclesiástica.

“Ustedes son hombres de Dios y les pedimos que medien para que cese esta represión”, dijo Fernando Ábrego, dirigente de la Asociación de Profesores, en ese encuentro. Aseguró que “no quieren derramamiento de sangre”.

Mientras la Iglesia se suma a las voces que piden diálogo, las manifestaciones continúan en la capital, Colón y Bocas del Toro; en esta última provincia, una comisión evalúa si se declara estado de emergencia.

Tras la lucha del sector bananero, en Bocas, donde miles de trabajadores perdieron sus empleos, las protestas se intensificaron. Ellos se sumaron a la lucha de los docentes, obreros, personal de salud y otros sectores que rechazan la Ley 462, que reforma la Caja de Seguro Social (CSS), aprobada el 18 de marzo.

Ante el anuncio de Chiquita Panamá e Ilara Holding, la ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, aseguró que el gobierno intercederá para preservar los empleos y proteger la inversión extranjera. Se estima que unos 7,500 empleos que se perderán una vez que concluya el proceso de terminación laboral anunciado por la empresa el pasado jueves.

Las calles siguen caldeadas, pero las aulas de muchas escuelas públicas del país permanecen vacías, afectando entre 40% al 45% de los estudiantes de este sector.

Por ello, la ministra de Educación, Lucy Molinar, manifestó que solicitó a todos los directores regionales que implementen todas las herramientas necesarias para que los estudiantes continúen su proceso de aprendizaje y recuperen el tiempo perdido durante la huelga.

“Cada región, a través de su consejo de directores, determinará la estrategia para la recuperación del conocimiento”, afirmó, enfatizando que la prioridad es el aprendizaje del estudiante, más allá de las calificaciones y los periodos escolares.

Molinar, quien ha reiterado que detrás de la huelga hay intereses que van más allá de la protesta formal, señaló que poco a poco las clases se han ido reanudando, porque cada vez más docentes están abriendo los ojos y comprendiendo lo que hay detrás de esta situación.

La ministra prevé que la próxima semana las clases podrían normalizarse en todo el país.

“Afortunadamente, creo que el lunes tendremos un reinicio normal de clases”, enfatizó, y aseguró a los educadores que regresen a sus puestos, pues no habrá despidos.

Por su parte, los docentes mantienen firme el paro iniciado el 23 de abril y exigen la derogación de la Ley 462. Ayer, nuevamente marcharon junto a obreros y otros gremios hasta la Presidencia, con un solo lema: “No a la reforma de la CSS”.

Sin embargo, esa derogación parece lejana, ya que el jueves por la tarde el gobierno publicó el texto único de la ley y el presidente José Raúl Mulino dejó claro que la norma no será revisada.