Una resolución de voto de censura contra el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha, fue presentada este lunes en el Pleno de la Asamblea Nacional, con el respaldo de 39 diputados.

La propuesta fue impulsada por la diputada Janine Prado, de la Coalición Vamos, bajo la causal de “actos atentatorios y errores graves en perjuicio del Estado”. La diputada cuestionó el memorando firmado entre Panamá y Estados Unidos, al considerar que compromete la soberanía del Canal, va en contra de la voluntad del pueblo y fue suscrito sin consulta, sin rendición de cuentas, ni legitimidad ni base legal.

Prado también destacó que el canciller se negó a comparecer ante la Asamblea, lo cual calificó como un irrespeto. “Frente a ese irrespeto, la respuesta debe ser el voto de censura. Panamá se respeta, el Canal se defiende y la democracia se honra”, afirmó en su intervención.

Los diputados han solicitado la comparecencia del canciller y de otros ministros para que rindan cuentas sobre el contenido y los alcances del acuerdo firmado con Estados Unidos firmado a inicios de este mes.

Tras conocerse la decisión legislativa, las redes sociales se llenaron de reacciones. Muchos ciudadanos aplaudieron la medida, publicando comentarios como: “Al fin hacen algo” y “Atinaron una, al menos”.

El ministro Javier Martínez-Acha se pronunció nuevamente el pasado fin de semana, asegurando que no existe falta de transparencia en el Gobierno, y reiterando que “no existen ni existirán bases militares en el país, aunque haya quienes insistan en llamarlas así por motivos populistas o en busca de titulares”.

A través de un comunicado, el funcionario subrayó que la Cancillería panameña requiere establecer alianzas estratégicas, dada la compleja situación geopolítica actual. No obstante, destacó que es fundamental mantener un equilibrio entre los intereses nacionales, la seguridad y la cooperación internacional.

Por su parte, el ministro de Seguridad, Frank Ábrego, quien también convocado a la Asamblea, ha negado que Panamá haya cedido soberanía sobre el Canal o sus áreas adyacentes, y afirmó que se mantiene el respeto a la Constitución y al Tratado de Neutralidad.