- miércoles 03 de abril de 2024 - 9:37 AM
En un año en el que se espera una cifra récord de migrantes que cruzarán el Darién en su travesía hacia EE.UU., las autoridades de Colombia y Panamá “no los están protegiendo ni asistiendo”, ni tampoco investigan los abusos de que son víctimas, señala Human Rights Watch (HRW) en un informe publicado este miércoles.
“Colombia y Panamá pueden y deben hacer más para proteger esos derechos, así como los de las comunidades locales que han sufrido años de abandono estatal”, señaló Juanita Goebertus, directora de HRW para las Américas.
El informe ‘Abandonados en la selva: Protección y asistencia para migrantes y solicitantes de asilo en el Tapón del Darién’ es el segundo de una serie de documentos de HRW sobre la densa selva que se ha convertido en el paso para miles de migrantes que buscan un futuro mejor o huir de la violencia.
En sus visitas a la frontera entre Colombia y Panamá, HRW ha constatado que los esfuerzos para garantizar el acceso a alimentación, agua y servicios básicos de salud son insuficientes, lo que afecta los derechos tanto de los migrantes como de las comunidades locales que han sido marginadas por años y sufren con altos índices de pobreza y falta de oportunidades.
Los delitos contra migrantes en el Darién, incluyendo constantes casos de violencia sexual, “normalmente no son investigados ni castigados”, recoge el informe.
Más de medio millón de personas cruzaron el Darién en 2023, incluyendo 113.000 menores de edad, y el gran número de migrantes que atravesaron esa selva entre enero y febrero de 2024 apunta a que este año sean más de 700.000.
Más de 1.300 personas han denunciado ante Médicos Sin Fronteras (MSF) haber sufrido violencia sexual entre abril 2021 y enero 2024, pero es posible que las cifras reales sean aún mayores. Sin embargo, entre enero de 2021 y diciembre de 2023, la Procuraduría de Panamá informó que sólo sabía de 285 víctimas de violencia sexual.
HRW llamó a ambos países a nombrar a un alto funcionario o asesor encargado de la respuesta a la crisis humanitaria, que también permita la coordinación entre autoridades.
El documento también cuestiona la decisión del Gobierno de Panamá de suspender el trabajo de MSF en el país: “Restringir el trabajo de MSF es exactamente lo contrario a lo que se necesita para abordar la situación en el Tapón del Darién”, afirmó Goebertus en el estudio.
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