Los ngäbes están listos para pelear

L uego de que ayer venciera el plazo que habían dado los indígenas de la comarca Ngäbe-Buglé al gobierno para que derogara la Ley 8 de febrero de 2011 que reforma el Código Minero, hoy inician una huelga indefinida.

Más de 2 mil ngäbes descendieron ayer de las montañas y se movilizaron hasta el distrito de San Félix, provincia de Chiriquí, para iniciar lo que será una manifestación indefinida en 11 puntos del país, en vista de que el gobierno hizo caso omiso a su solicitud de derogar la Ley 8.

Los indígenas esperan el apoyo de los ambientalistas y grupos de la sociedad civil organizada que están preocupados porque con el artículo 1 de esta norma se permite que empresas extranjeras, con capital de gobierno, sean accionistas en proyectos mineros.

El dirigente ngäbe Rogelio Montezuma señaló que a pesar de que la comarca reconoce a Máximo Saldaña como cacique general, rechazan su decisión de firmar un acuerdo con el gobierno porque no les consultó.

El pasado martes, el presidente Ricardo Martinelli anunció su promesa de no explotar Cerro Colorado y fue materializado a través del Decreto 30 del 22 de febrero de 2011, que tendrá vigencia hasta el 2014.

Los indígenas tienen previsto protestar de forma simultánea en Changuinola y en la entrada de Pueblo Nuevo en Bocas del Toro, donde serán apoyados por el Sindicato de Trabajadores de las Bananeras. Además se manifestarán en Chorcha, Tolé, David y San Félix, en Chiriquí; en Río Cobre, Ojo de Agua, en Veraguas y en Pacora, en la provincia de Panamá.

ACUERDO VIOLA LA CONSTITUCIÓN

El diputado por el partido Popular en el área comarcal, Irene Gallego, denunció que el Decreto Ejecutivo 30, firmado por el presidente, viola el artículo 186 de la Constitución que establece que: ‘Los actos del presidente no tendrán valor si no son refrendados por el ministro de Estado respectivo, quien se hace responsable de ellos’.

En este caso, el ministro encargado sería Roberto Henríquez, quien fue el que impulsó las reformas.

El diputado dijo que es lamentable que el presidente no haya tenido la asesoría adecuada para que no hiciera un decreto firmado sólo por él.

‘Hemos preferido pensar que esto es un error involuntario y no una burla más al pueblo panameño’, apuntó.